Las organizaciones ecologistas exigimos al Gobierno mantener la ambición ambiental en la regulación de los centros de datos

Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España reclamamos al Gobierno una regulación ambiciosa, vinculante y urgente que garantice que el despliegue de estas infraestructuras sea compatible con los límites ecológicos, la transición energética y el interés general.

Las cinco principales organizaciones ecologistas -Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España- mostramos nuestra preocupación ante las informaciones publicadas sobre la nueva versión del Real Decreto de centros de datos que, de confirmarse en el texto definitivo, supondría un retroceso respecto a las exigencias ambientales y energéticas inicialmente previstas, además de desatender las principales demandas trasladadas por estas organizaciones durante el proceso de participación pública.

Las organizaciones alertamos especialmente de tres cambios:

1. La ampliación de los plazos de adaptación hasta cinco años,

2. el aumento del umbral de potencia a partir del cual se aplicará la regulación y

3. la flexibilización de las exigencias para que los centros de datos cubran parte de su consumo eléctrico con nuevas instalaciones renovables y acrediten, hora a hora, que esa electricidad se genera en la misma hora en que la consumen.

La flexibilidad de la demanda y la posibilidad de desconexión ante situaciones de tensión en el sistema eléctrico son medidas positivas, pero no pueden sustituir a la obligación de garantizar que la nueva demanda eléctrica esté respaldada por nueva generación renovable adicional.

Las organizaciones ecologistas defendemos que el 100% del consumo eléctrico de los nuevos centros de datos debe estar cubierto por energías renovables adicionales, con garantías de trazabilidad y correlación horaria y geográfica, para evitar incrementar la dependencia de los combustibles fósiles, la factura energética de los hogares o desplazar la electricidad renovable necesaria para descarbonizar otros sectores.

Asimismo, insistimos en que la sostenibilidad de los centros de datos no puede reducirse a su eficiencia energética e hídrica. Es imprescindible establecer límites absolutos de consumo de agua adaptados a la disponibilidad de cada cuenca, garantizar la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, priorizar su implantación en suelos artificiales, someter los proyectos a una planificación y evaluación ambiental rigurosas que contemplen sus impactos acumulativos y las infraestructuras asociadas, y garantizar una participación pública suficiente además de una rendición de cuentas efectiva.

Un nuevo estudio de modelización realizado por investigadores de la Universidad Técnica de Berlín alerta de que la factura de la luz se encarecerá en 2000 millones al año si no se aprueba este Real Decreto.

En el marco de una convocatoria europea, stopdirtydatacentres.eu, que tendrá lugar los próximos 6 y 7 de noviembre, se celebrarán movilizaciones en muchos lugares del Estado (Madrid, Cerdanyola del Vallès, Granada, Lugo, Zamora, Zaragoza, Huesca, Navarra, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Huelva…) para pedir un despliegue ordenado de estas infraestructuras y la aprobación de un Real Decreto exigente y a la altura.

El Consejo de Estado ha concedido audiencia a Ecologistas en Acción, que ha enviado sus recomendaciones para que este órgano emita un dictamen que invite al Gobierno a redactar y aprobar un texto exigente.

El desarrollo de infraestructuras digitales debe ser compatible con los límites ecológicos de los territorios y contribuir a la transición energética basándose en los principios de suficiencia, eficiencia y cobertura con energías 100% renovables, sin trasladar sus costes ambientales, energéticos y económicos al conjunto de la sociedad. Las organizaciones exigen al Gobierno que mantenga un marco regulatorio ambicioso y vinculante que anteponga el interés general y garantice una digitalización verdaderamente sostenible frente a los intereses de los grandes poderes del sector tecnológico.

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