Más de 1,25 millones de personas exigimos a la UE que no debilite las leyes que protegen la naturaleza

ClientEarth, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF denunciamos que la Comisión Europea está impulsando una ofensiva desreguladora ambiental sin precedentes que puede debilitar normas ambientales de probada eficacia.

Entregamos en Bruselas 1.254.722 firmas y mensajes de la campaña europea #HandsOffNature para pedir a la Comisión Europea que frene el debilitamiento de la legislación ambiental. Junto a ClientEarth, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, advertimos de que las iniciativas de simplificación impulsadas por la Unión Europea pueden poner en riesgo décadas de avances en la protección de la naturaleza, el agua y nuestra salud.

Más de 1,25 millones de personas hemos alzado la voz en toda Europa para defender las leyes que protegen nuestro patrimonio natural. A través de la campaña #HandsOffNature («Quita las manos de la naturaleza»), exigimos a las instituciones europeas que no utilicen la simplificación administrativa y la competitividad como excusa para reducir las garantías ambientales.

Hoy entregamos en Bruselas 1.254.722 firmas y mensajes a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall. Con esta movilización, que culmina meses de trabajo conjunto entre organizaciones ambientales y ciudadanía de toda Europa, queremos enviar un mensaje claro: Europa necesita proteger mejor su naturaleza, no debilitar las leyes que la defienden.

Desde WWF, junto a ClientEarth, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, mostramos nuestra profunda preocupación por las modificaciones legislativas que está impulsando la Comisión Europea. Advertimos de que pueden provocar uno de los mayores retrocesos en la protección ambiental europea, precisamente cuando la ciencia nos alerta del deterioro de la biodiversidad y de los efectos cada vez más graves de la crisis climática.

Durante más de cuarenta años, la legislación ambiental europea nos ha permitido avanzar en la protección de especies, espacios naturales, ríos y ecosistemas. No podemos poner en riesgo estos logros en nombre de una supuesta simplificación.

Como recuerda Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España:

«Se está intentando presentar la protección ambiental como una carga para la economía, cuando ocurre precisamente lo contrario. Una economía competitiva necesita ríos sanos, suelos fértiles, bosques bien conservados y ecosistemas capaces de responder al cambio climático. Debilitar las normas ambientales puede facilitar determinadas actividades a corto plazo, pero también trasladar enormes costes al conjunto de la sociedad. La competitividad de Europa no puede construirse a costa de destruir su capital natural».

Nos preocupa especialmente que la Comisión Europea esté utilizando los llamados paquetes legislativos ómnibus para impulsar cambios que van mucho más allá de reducir trámites burocráticos y que pueden debilitar la protección de la naturaleza y de nuestra salud.

Uno de los ejemplos es el denominado Ómnibus ambiental, que incluye una propuesta de Reglamento para acelerar las evaluaciones ambientales de determinados proyectos estratégicos.

Aunque compartimos la necesidad de mejorar los procedimientos administrativos, advertimos de que algunas de las medidas propuestas pueden reducir las garantías para evaluar los impactos de los proyectos sobre la naturaleza, limitar la participación ciudadana y ampliar las excepciones a las normas que protegen especies y hábitats.

El Consejo de la Unión Europea adoptó el pasado 30 de septiembre su posición negociadora sobre esta propuesta, que todavía debe completar su tramitación legislativa.

Nos preocupa especialmente la posibilidad de ampliar o debilitar el régimen de excepciones previsto en las Directivas de Aves y Hábitats, que actualmente está sometido a condiciones estrictas.

También seguimos con preocupación el Ómnibus sobre alimentación y piensos, que plantea cambios en la regulación de los productos fitosanitarios, incluida la ampliación de los períodos de aprobación de determinadas sustancias.

Consideramos que reducir la frecuencia de las reevaluaciones obligatorias puede dificultar que las decisiones incorporen con suficiente rapidez los nuevos conocimientos científicos sobre sus efectos en la salud humana y el medio ambiente.

Como señala Soledad Gallego, directora de ClientEarth España y Mediterráneo:

«Simplificar los procedimientos administrativos no puede significar eliminar las garantías jurídicas que protegen la naturaleza y la salud de las personas. Las leyes ambientales europeas proporcionan seguridad jurídica, previenen daños y garantizan la participación ciudadana. Debilitarlas no hará a Europa más competitiva, sino más vulnerable y menos segura».

Defendemos que las evaluaciones ambientales son herramientas fundamentales para identificar riesgos, prevenir daños y mejorar los proyectos antes de que sean autorizados.

Cuando se aplican correctamente, también proporcionan seguridad jurídica a empresas y administraciones y ayudan a evitar conflictos, retrasos, litigios y costes económicos innecesarios.

De hecho, incluso sectores empresariales interesados en agilizar las autorizaciones, como la industria eólica europea representada por WindEurope, han advertido de que reabrir las Directivas de Aves y Hábitats podría generar años de incertidumbre regulatoria y perjudicar tanto a la conservación de la naturaleza como al desarrollo de las energías renovables.

Además, recordamos que la propia Comisión Europea reconoció, en las conclusiones de la prueba de resistencia (Stress Test) de las Directivas de Aves y Hábitats compartidas el pasado septiembre, que estas normas son adecuadas y útiles para alcanzar sus objetivos.

Entre las principales dificultades identificadas encontramos la falta de capacidad administrativa, financiación, digitalización y planificación estratégica.

Por eso, reclamamos que cualquier modificación legislativa esté respaldada por evidencias científicas, mantenga el nivel de protección ambiental alcanzado y respete los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental.

Como explica Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife:

«La ciudadanía europea está enviando un mensaje muy claro: no quiere que se desmantelen las leyes que protegen su patrimonio natural. Europa necesita avanzar en la conservación de la biodiversidad, no retroceder. Sabemos que muchas especies y hábitats continúan deteriorándose y que todavía no estamos aplicando adecuadamente las normas existentes. La respuesta no puede ser debilitarlas, sino cumplirlas y dotarlas de los recursos necesarios».

Desde las cuatro organizaciones reconocemos que necesitamos administraciones más eficaces, procedimientos más ágiles y condiciones que faciliten las inversiones compatibles con los objetivos ambientales europeos.

Pero estamos convencidas de que podemos conseguirlo sin renunciar a las garantías que protegen nuestros ecosistemas.

Para avanzar en esa dirección, reclamamos una mejor planificación, administraciones con suficientes recursos humanos y técnicos, una mayor coordinación institucional y procedimientos más claros.

Como advierte Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción:

«Estamos ante un intento de desregulación ambiental de una magnitud que no tiene precedentes en la historia de la Unión Europea. Lo preocupante es que se esté haciendo en nombre de la simplificación, como si evaluar los impactos ambientales, proteger las especies o permitir que la ciudadanía participe en las decisiones fueran trabas innecesarias. Esas garantías existen para evitar daños y para asegurar que las decisiones públicas responden al interés general. Una administración más rápida no tiene por qué ser una administración que proteja menos».

No podemos olvidar que nuestra salud, la agricultura, el abastecimiento de agua y numerosas actividades económicas dependen directamente de unos ecosistemas sanos. Proteger la naturaleza no es un obstáculo para el desarrollo económico: es una condición imprescindible para garantizar nuestro bienestar y nuestro futuro.

Con la entrega de las 1.254.722 firmas y mensajes de #HandsOffNature, pedimos a la Comisión Europea, al Consejo y al Parlamento Europeo que escuchen a la ciudadanía y eviten que las iniciativas de simplificación se conviertan en un retroceso de la legislación ambiental.

No queremos elegir entre una economía fuerte y una naturaleza sana. Necesitamos ambas.

Por eso, seguiremos defendiendo una Europa que aplique mejor sus leyes, proteja su biodiversidad y garantice nuestra salud y nuestros derechos.

Más de 1,25 millones de personas ya hemos enviado nuestro mensaje: la competitividad de Europa no puede construirse a costa de la naturaleza.

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