A pesar de la desinformación de Washington, la justicia ambiental es cuestión de sentido común, equidad y acceso al aire y al agua limpios para todos

La justicia medioambiental y la justicia climática siempre se han basado en la equidad y el acceso al aire limpio, agua limpia y a un lugar seguro donde todos los niños puedan jugar. Su objetivo es garantizar que nadie quede desamparado durante los huracanes, las sequías y los incendios forestales. Es lógico que pensemos en todos nuestros vecinos y en nuestras comunidades al desarrollar políticas sobre el clima. Esto es especialmente cierto cuando la concentración de la contaminación y los riesgos del cambio climático siguen estando relacionados con la raza y el nivel de ingresos de las comunidades.

La Casa Blanca critica constantemente los esfuerzos por evitar que contaminen aún más los barrios que ya están contaminados donde hay tasas elevadas de asma o cáncer. Tambíen critica esfuerzos por garantizar que todos podamos ponernos a salvo durante una tormenta. Estas acciones siguen siendo legales y necesarias. Son cuestiones de sentido común en un mundo en el que nos preocupamos por lo que le pudiera ocurrir a nuestros familiares y vecinos.

Los principales abogados de varios estados del país están de acuerdo. En junio, los fiscales generales de California, Massachusetts, Nueva York y otros diez estados emitieron una serie de lineamientos multiestatales que afirman la importancia y la legalidad de las iniciativas de justicia ambiental. Los fiscales elaboraron estos lineamientos en respuesta al ataque generalizado de la administración Trump contra la justicia ambiental.

El presidente Trump firmó una orden ejecutiva el primer día de su administración en un intento por desacreditar una amplia gama de políticas y programas destinados a cumplir el compromiso nacional con la igualdad y los esfuerzos por promover la justicia ambiental. Este ataque por parte de la administración se intensificó durante las dos semanas siguientes. El 21 de enero, el presidente firmó otra orden ejecutiva para dar un nuevo golpe a los esfuerzos por afrontar la desigualdad. Entre otras cosas, esa orden derogó una orden ejecutiva histórica firmada por Bill Clinton en 1994, la cual estuvo vigente durante administraciones demócratas y republicanas, en la que se ordenó que agencias federales incluyeran el objetivo de la justicia ambiental como parte de su misión.

Sin embargo, como señalan los lineamientos multiestatales, el hecho de que el presidente firme una orden ejecutiva declarando "ilegales" a estas políticas y prácticas no significa que lo sean. Los presidentes no pueden legislar con marcador. Sus órdenes solo son directrices al gobierno federal y deben ser conformes a la ley.

Vale la pena reexaminar en qué consisten realmente la justicia ambiental y la justicia climática para evaluar estos ataques del presidente. A fin de cuentas, los principales abogados de trece estados y otras personas que luchan a favor de la justicia están dispuestos a defender la justicia ambiental, por lo que las comunidades y sus socios pueden distinguir la intimidación y las bravuconadas del estado actual de la ley para así prepararse mejor para continuar con la labor de cuidar a sus vecinos e inclinar el arco del universo moral hacia la justicia.

Punto de partida: la promesa de una protección equitativa

Las enmiendas 5^ª y 14^ª de la Constitución garantizan el derecho fundamental a una protección equitativa ante la ley y prohíben la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional por parte de los gobiernos locales, estatales y federales. Los esfuerzos por promover la justicia ambiental incorporan los ideales históricos de equidad e igualdad de este país y son coherentes con estas garantías. Aunque hemos avanzado en el cumplimiento de los principios de justicia y trato equitativo consagrados en nuestra legislación, todavía persiste el legado de la discriminación, especialmente en relación con el uso del suelo.

En la década de 1960, el movimiento a favor de los derechos civiles provocó grandes cambios en la sociedad estadounidense, incluyendo la desegregación escolar, la promulgación de leyes que prohibieron la discriminación en la vivienda y el empleo, y el fin de la segregación formal en hospitales y residencias de ancianos. Sin embargo, para ese entonces la desigualdad racial ya estaba arraigada en el uso del suelo y la distribución de los beneficios y las cargas ambientales en este país. En otras palabras, la segregación, el redlining y otras formas de discriminación racial determinaban si una comunidad se clasificaba como zona industrial o residencial, lo que definía dónde era más probable que se ubicaran las instalaciones contaminantes y, como resultado, quiénes estarían expuestos a un mayor nivel de contaminación.

Actualmente hay un gran número de publicaciones científicas que exponen la relación continua entre la segregación residencial y la exposición a la contaminación. En el estudio seminal Toxic Wastes and Race (Residuos tóxicos y raza) publicado en 1987, el Movimiento por la Justicia Ambiental destacó por un lado la relación que existe entre la raza y la clase social, y por el otro lado la ubicación de las instalaciones contaminantes.

Para que quede claro, la lucha contra las desigualdades debe seguir siendo una prioridad crítica en este país. Tal y como es reconocido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las condiciones ambientales forman parte de los determinantes sociales de la salud, las condiciones en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven, practican su religión y envejecen, mismas que influyen en la morbilidad y la mortalidad. Las disparidades en la esperanza de vida basadas en estas condiciones siguen siendo "generalizadas y duraderas". Todos debemos reconocer que ni la raza, ni los ingresos, ni el código postal de una persona deben influir en su exposición a la contaminación o en la probabilidad de padecer enfermedades graves y morir. Pero ese sigue siendo el mundo en el que vivimos.

Lo que está en juego: políticas y programas de justicia ambiental

Aunque fue derogada por la nueva administración, la Orden Ejecutiva 14096 (Revitalizar el compromiso de nuestra nación con la justicia ambiental para todos) incluía la primera definición de justicia ambiental a nivel gubernamental:

"El término 'justicia ambiental' se refiere al trato justo y la participación significativa de todas las personas, sin importar sus ingresos, raza, color, origen nacional, afiliación tribal o discapacidad, en la toma de decisiones de las agencias y otras actividades federales que afectan a la salud humana y al medio ambiente".

Sobra decir que los conceptos de "trato justo" y "participación significativa" son coherentes con los mandatos constitucionales y legales de protección equitativa y contribuyen a su cumplimiento.

En la práctica, las políticas y los programas de justicia ambiental y climática también son coherentes con la ley y benefician a todos. Son formas sensatas de satisfacer las necesidades locales apremiantes, incluyendo:

• Programas que llevan fuentes de energía confiables a las zonas rurales, como aquellos desarrollados por el Consorcio de Salud Tribal de los Nativos de Alaska, los cuales proporcionan seguridad energética y posibles ahorros en las facturas de servicios públicos de todos los residentes de la zona

• Proyectos que apoyan los esfuerzos comunitarios para ampliar los sistemas de bicicletas compartidas, adoptar la energía solar en las instalaciones de transporte público, eliminar los contaminantes de las cuencas hidrográficas locales, retirar las tuberías de plomo de los hogares, restaurar los humedales, rehabilitar las viviendas asequibles, reducir el desperdicio de alimentos, plantar árboles, desarrollar planes de contingencia para desplegar microrredes durante emergencias, proporcionar acceso a servicios de apoyo en emergencias, apoyar las mejoras en la eficiencia energética, construir barreras más resistentes contra las marejadas ciclónicas, y más

• Herramientas como EJ Screen y la Herramienta de Evaluación de la Justicia Climática y Económica (CEJST) a nivel federal, además de CalEnviroScreen y otras herramientas de mapeo de justicia ambiental estatales y locales, mismas que proporcionan datos para los programas destinados a afrontar las desigualdades y proteger la salud de todas las personas

Difícilmente se podría argumentar que alguno de estos programas infringe la ley.

El presidente no puede declarar unilateralmente "ilegales" a las actividades legales

Esta administración ha tenido un efecto demoledor y ha generado el caos con el objetivo de destruir políticas y programas valiosos y legales. Mediante la Orden Ejecutiva del 20 de enero, el presidente ordenó que varias oficinas y agencias del gobierno federal eliminaran todas las oficinas y puestos de justicia ambiental y que recopilaran una lista de todos los beneficiarios de subvenciones de justicia ambiental que reciben fondos federales. Luego la administración comenzó a reorganizar bruscamente las oficinas de justicia ambiental, bloqueando y cancelando los fondos y poniendo al personal en licencia administrativa, todo esto basándose en la falacia de que dichos programas son "programas de discriminación ilegales e inmorales", según el texto de la orden ejecutiva del 20 de enero. Pero por mucho que el presidente Trump así lo quisiera, él no tiene el poder de cambiar la ley mediante una orden ejecutiva.

No obstante, el efecto demoledor sigue siendo un peligro y las acciones del presidente tienen la intención de impedir que las personas participen en actividades totalmente legales. Además, la cancelación de las subvenciones trae consecuencias reales: los grupos comunitarios y los gobiernos locales y estatales están despidiendo a su personal y suspendiendo los trabajos en proyectos de erosión costera, la instalación de paneles solares en los techos o la remoción de tuberías de plomo. Aún está por verse cómo terminará esta situación, ya que actualmente se están tramitando varias demandas en los tribunales para impugnar estas acciones arbitrarias.

La justicia ambiental concuerda con el mandato de protección equitativa del país

Los fiscales generales de los estados desempeñan múltiples funciones. Ellos acuden a los tribunales para defender y presentar demandas en nombre de sus estados y, como abogados principales de sus estados, también ofrecen orientación sobre la ley. En este caso, los lineamientos multiestatales explican lo siguiente: "Las acciones federales que atacan la justicia ambiental han suscitado inquietudes sobre legalidad continua y la importancia de los esfuerzos en materia de justicia ambiental, pero no tienen un impacto en estas cuestiones".

Como parte de su abuso a esta administración le gusta citar el caso Students for Fair Admission de la Corte Suprema, que cuestiona el uso explícito de la raza como factor en la admisión a la universidad, como si eso sirviera de alguna manera para respaldar sus esfuerzos por socavar las acciones destinadas a combatir la desigualdad en este país. Pero la Corte Suprema se refería a las políticas de admisión que consideran explícitamente la raza, no a la restauración costera o la energía solar en los techos. Estas iniciativas de justicia ambiental no son procesos de suma cero, sino políticas que benefician a todos. Al igual que muchos otros tribunales que se han pronunciado sobre impugnaciones a políticas que consideran explícitamente la raza en la toma de decisiones, la Corte Suprema nunca sugirió en su dictamen que la acción de afrontar la desigualdad racial es contraria de manera alguna a los principios constitucionales, como sigue repitiendo erróneamente el gobierno. Por el contrario, los tribunales han afirmado una y otra vez que las barreras raciales y la desigualdad pueden afrontarse mediante mecanismos de neutralidad racial, es decir, políticas o programas que no consideren a la raza como un criterio para otorgar beneficios.

Por citar un ejemplo adicional, en varios casos se invalidó la implementación de algunas secciones de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense que ofrecían una reducción de la deuda a los agricultores en situación de desventaja social, con lo cual el Departamento de Agricultura de Estados Unidos interpretó que esto incluía a los miembros de grupos raciales, entre otros. En casos como Holman contra Vilsack, los tribunales invalidaron el uso explícito de la raza como criterio para otorgar los beneficios del programa y afirmaron que "el gobierno debe operar con bisturí cuando promulgue políticas con base en la raza".

Los tribunales no criticaron el objetivo de afrontar la desigualdad racial en el programa de préstamos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, o USDA por sus siglas en inglés, sino que afirmaron que el gobierno debe demostrar que "consideró de manera seria y de buena fe otras alternativas viables que no tengan en cuenta la raza" antes de utilizar explícitamente la raza como un criterio. En otras palabras, no es que sea ilegal o ilegítimo el objetivo de afrontar la desigualdad o los impactos desproporcionados en base a la raza, sino que para alcanzar esos objetivos, los gobiernos deben determinar si otras políticas de neutralidad racial pudieran subsanar el presunto perjuicio, como por ejemplo limitar la ayuda a los solicitantes que nunca hayan recibido un préstamo. Estos son precisamente los tipos de programas y proyectos que la administración pretende frenar.

Si quisiéramos tener aún más pruebas de que la administración ha declarado una guerra total incluso contra los esfuerzos evidentemente legales y de neutralidad racial para afrontar la desigualdad de manera que todas las personas resulten beneficiadas, basta con fijarnos en otra de las directrices publicadas por la administración, la cual pone en duda todo, desde la demostración de competencia cultural hasta las estrategias dirigidas a zonas geográficas específicas. Por mi parte, me gustaría tener un médico que sea culturalmente competente y que respete los valores, el idioma y las tradiciones de mi familia.

Reafirmemos nuestro compromiso de promover la justicia ambiental

Los lineamientos multiestatales nos animan a "desarrollar y poner en marcha iniciativas de justicia ambiental" y describen las acciones clave que podemos llevar a cabo legalmente para promover la justicia ambiental y climática. Esto incluye una serie de iniciativas sensatas, como las siguientes:

• Mejorar la participación y el compromiso del público a través de esfuerzos de divulgación, a fin de garantizar que los miembros de la comunidad que resultarán afectados por las políticas o los permisos tengan la oportunidad de participar en las decisiones que afecten a su futuro

• Recopilar y analizar información sobre los factores que afectan a nuestra salud y calidad de vida, como por ejemplo la ubicación de las fuentes de contaminación, los lugares donde haya o no haya espacios verdes y los sitios donde haya más casos de asma, además de determinar si estos factores tienen un impacto acumulativo en el mismo lugar

• Tomar acciones para prevenir y mitigar la exposición a la contaminación, incluso en comunidades que ya sufren los efectos acumulativos de múltiples fuentes de contaminación

• Proporcionar asistencia técnica y apoyo financiero para afrontar los problemas de contaminación del agua o de los servicios de aguas residuales

• Protegernos contra los efectos del cambio climático, tales como el calor extremo, las sequías, las inundaciones y las tormentas, y aumentar la resiliencia de las comunidades

• Aplicar las leyes ambientales e incluso las leyes sobre los derechos civiles en las comunidades que enfrentan cargas ambientales desproporcionadas

Nos enfrentamos a una dura batalla, ya que la administración no solo está librando una guerra de palabras, sino que está movilizando los recursos del gobierno federal para atentar contra nuestros valores y socavar los esfuerzos por garantizar que todas las personas tengan acceso al aire limpio, al agua limpia y a un lugar seguro donde todos los niños puedan jugar. Los lineamientos multiestatales no solo ayudan a aclarar la ley, sino que también nos dan la tranquilidad de que los principales abogados de muchos de nuestros estados tienen el compromiso de proteger estos esfuerzos tan necesarios.