Isabel Rodríguez: 'Hay que reorientar las 900.000 viviendas que sirven al turismo o a la inversión a uso residencial'

Isabel Rodríguez ha defendido que hay que reorientar las 900.000 viviendas que, según el Banco de España, se están destinando al turismo o a la inversión hacia el uso residencial para dar respuesta a uno de los principales problemas de la ciudadanía.

La ministra ha intervenido en la clausura del seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) dedicado a la 'Inteligencia artificial, energía y vivienda, retos actuales de la economía', en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), al que ha asistido junto al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares. Le ha acompañado el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP); y los organizadores del seminario y miembros de APIE, Amancio Fernánez, Miguel Ángel Noceda y Ruth Ugalde.

Rodriguez ha defendido que existen instrumentos en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para tratar de movilizar estas 900.000 viviendas y para que sirvan a las personas que las necesitan para vivir.

"Hay posibilidad de actuar de manera inmediata (…) con el derecho a la vivienda no se mercadea", ha subrayado.

En este sentido, ha detallado que el PEV incluye:

• Ayudas para adquirir viviendas. Se ayuda a las comunidades autónomas para que puedan ejercer su derecho a tanteo y retracto, o para que puedan adquirir vivienda de forma directa, a través la financiación del 70% del coste de adquisición. El porcentaje de financiación puede ascender hasta el 85% en caso de que la vivienda adquirida se ubique en una zona tensionada. Esa vivienda se pondrá en alquiler asequible.

• Ayudas para que se cedan estas viviendas. Se ofrece una ayuda a particulares que cedan una vivienda a la comunidad autónoma durante 7 años para que sea la Administración regional quien la ponga a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible. El precio máximo será de 600 euros mensuales, que se sumarán a la ayuda. Además, incluye una previsión de rehabilitación y obras de mejora antes y después del alquiler, para conservar el correcto estado del inmueble. La comunidad autónoma se encargará de la gestión integral del alquiler, transferirá las rentas a la propiedad y, cuando finalice el contrato, devolverá la vivienda a su propietario en condiciones óptimas.

Soluciones, derecho a la vivienda y acuerdo

La ministra ha centrado su intervención en tres ejes: las soluciones al problema, hablar de la vivienda en términos de derecho y la necesidad de acuerdos.

"Ha llegado el momento de centrarnos en las soluciones y de dejar de debatir sobre las causas del problema porque ya hay consenso económico, social y académico sobre qué ha fallado", ha insistido.

Además, ha insistido en que "hay que hablar de la vivienda en términos de derecho, no de negocio o mercado porque es nuestro deber constitucional". Y, en tercer lugar, ha ahondado en la necesidad de alcanzar acuerdos, colaborar y cooperar "entre todos: administraciones públicas, sector privado y entidades sociales".

Necesidad de la regulación para garantizar el derecho

"Los derechos hay que regularlos", ha defendido la ministra. "Intervenimos para controlar el precio de los alquileres o porque creemos que no puede haber pisos turísticos ilegales. Sin duda, hay que intervenir", ha resumido.

Por ello, Rodríguez ha preguntado: "¿Acaso no es intervenir rescatar con impuestos públicos a los bancos mientras se desahucia a familias? ¿No fueron una intervención las Golden Visa, que regalaban la residencia española a quien se compraba a tocateja una vivienda de más de 500.000 euros?".

"Si por algo está destacando la acción regulatoria de este gobierno es que da respuesta a una mayoría social y no al interés de unos pocos", ha sentenciado.

Resultados de la acción del Gobierno

En el transcurso de su intervención, la ministra ha rendido cuentas de los resultados de la acción del Gobierno desde 2018 resumiendo en que "hemos agilizado el ritmo para consolidar el derecho, pero hay que agilizarlo aún más".

Así, Rodríguez ha destacado que "en el primer trimestre del año 2026 tenemos un récord en el presupuesto de licitaciones para construcción de vivienda pública". Con Pedro Sánchez, las licitaciones de vivienda pública han superado los 4.700 millones de euros en siete años. Son 3,7 veces más que con el gobierno anterior, que finalizó su mandato con 1.277 millones de euros. El resultado es que "hemos calificado como protegidas 113.988 viviendas frente a las 53.754 de las tres legislaturas" anteriores.

"En el primer trimestre de este año las viviendas protegidas iniciadas y finalizadas alcanzaron niveles no vistos desde el año 2012", ha subrayado. Y, además, con el actual presidente del Gobierno "se han transferido a las comunidades autónomas 8.000 millones de euros más para políticas públicas de vivienda. Entre transferencias a las comunidades autónomas y el presupuesto propio, el Gobierno ha destinado 27.497 millones a políticas públicas de vivienda".