Estudio revela un aumento sostenido de litigios relacionados con recursos hídricos en Chile

Investigadores del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC analizaron 1.395 sentencias judiciales dictadas entre 2000 y 2023 y detectaron un incremento de la conflictividad desde 2010, asociado a la megasequía, la creciente presión sobre los recursos hídricos y cambios en el marco regulatorio. Las disputas se concentran en las regiones Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y O'Higgins.

Gestionar el agua es, en buena medida, gestionar conflictos, y en Chile, afectado por una megasequía desde 2010 y una creciente demanda del recurso en norte y centro del territorio, era esperable que se produjera un aumento de las controversias en esta materia. Además, en 2022, la reforma al Código de Aguas, reconfiguró el marco en el que estos conflictos se producen y se resuelven.

El Centro UC de Derecho y Gestión de Aguas realizó el primer estudio sobre qué tipo de asuntos se someten a los tribunales ordinarios de justicia en materia hídrica. "No se había mirado de manera simultánea y profunda sus tres dimensiones -qué se discute, cuándo y dónde- desde una perspectiva interdisciplinaria y con una sistematización manual de sentencias", explica la profesora de la Facultad de Derecho, y del Centro UC de Derecho y Gestión de Aguas Daniela Rivera.

Ese vacío fue el punto de partida de la investigación "Análisis temático, temporal y territorial de conflictos hídricos en Chile. Aproximación desde sentencias judiciales", liderado por la profesora de Rivera, junto al director del Centro UC de Derecho y Gestión de Aguas, y académico de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales Guillermo Donoso; el director del Centro UC Desierto de Atacama y académico del Instituto de Geografía Camilo del Río, y los investigadores Javiera Ainzúa y Cristóbal Merino.

La investigación, que revisó 1.395 sentencias ejecutoriadas dictadas por las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema entre 2000 y 2023, revela un aumento sostenido de la conflictividad hídrica en Chile, con un punto de inflexión a partir de 2010 y sus niveles más altos registrados en 2022 y 2023. Además, identifica que este fenómeno responde a una combinación de factores climáticos, institucionales y normativos, más que a una sola causa.

El estudio muestra que las controversias judiciales relacionadas con el agua se concentran principalmente en las regiones Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y O'Higgins, territorios que comparten factores como alta densidad poblacional, menor disponibilidad hídrica relativa y un uso intensivo del recurso.

"En varias de sus cuencas el balance hídrico es negativo, es decir, la demanda comprometida supera la oferta disponible. Coquimbo es un caso algo distinto: tiene menos población, pero la elevada intensidad de uso del agua en actividades productivas genera igualmente déficits estructurales entre oferta y demanda", detalla la profesora Rivera.

Sin embargo, uno de los hallazgos más relevantes es que la conflictividad ha dejado de ser un fenómeno circunscrito al norte del país para extenderse progresivamente hacia la zona central y, en menor medida, hacia el sur, donde también surgen disputas vinculadas, por ejemplo, a proyectos hidroeléctricos y plantaciones forestales. "La conflictividad se volvió transversal al país", dice la académica.

La investigación, que revisó 1.395 sentencias ejecutoriadas dictadas por las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema entre 2000 y 2023. (Crédito fotográfico: Pexels)

Fenómeno multifactorial

Los investigadores advierten que el incremento de los litigios no puede atribuirse únicamente a la escasez hídrica. El análisis identifica como factores relevantes el tránsito desde un período de relativa estabilidad climática hacia uno de reducción sostenida de las precipitaciones, el aumento de la demanda de agua asociado al crecimiento económico y una mayor visibilidad pública de estos conflictos.

A ello se suma el efecto de distintas reformas legales que han modificado las materias que llegan a los tribunales. Entre ellas destacan la incorporación de la patente por no uso de derechos de aprovechamiento en 2005 y el fortalecimiento de las facultades fiscalizadoras de la Dirección General de Aguas (DGA) en 2018. "La Ley N°21.064, de 2018, reforzó las potestades sancionatorias de la DGA, lo que se refleja en más causas vinculadas a fiscalización y sanción de la DGA desde 2021. Cada reforma normativa reconfigura lo que se litiga", señala Rivera.

La investigadora enfatiza que el estudio no permite determinar cuánto del aumento responde a un mayor acceso a la justicia, pero sí demuestra que la judicialización es el resultado de múltiples factores y que no es solo reflejo de la escasez.

Los principales conflictos

El análisis identificó que las controversias más frecuentes corresponden a la asignación de derechos de aprovechamiento de aguas, la tutela de derechos fundamentales y la regularización de derechos consuetudinarios conforme al artículo 2 transitorio del Código de Aguas.

Asimismo, evidencia un cambio en la naturaleza de los conflictos. Mientras las causas relacionadas con la asignación de nuevos derechos han perdido relevancia desde 2018 debido a la menor disponibilidad hídrica, han aumentado aquellas vinculadas al acceso al agua para consumo humano, la protección de ecosistemas y la calidad de las fuentes hídricas.

Entre los principales demandantes figuran empresas de los sectores agrícola y minero, además de organizaciones de usuarios de aguas, mientras que la Administración del Estado -especialmente la Dirección General de Aguas- aparece como el principal demandado.

Entre los principales demandantes figuran empresas de los sectores agrícola y minero, además de organizaciones de usuarios de aguas. (Crédito fotográfico: Unsplash)

Judicialización como señal de alerta

Más que considerar la judicialización como un fenómeno excepcional, el estudio plantea que constituye un indicador de brechas en la gestión del agua. Según los investigadores, muchas de las controversias que llegan a tribunales reflejan deficiencias en la planificación hidrológica, la coordinación institucional, la actualización de los registros de derechos de aprovechamiento y la disponibilidad de información.

En esa línea, la investigación propone avanzar desde un modelo centrado en resolver conflictos en los tribunales hacia uno que privilegie la prevención. Entre las medidas sugeridas se encuentran fortalecer las capacidades técnicas de la DGA, consolidar planes estratégicos de recursos hídricos en el nivel de cuencas, mejorar la articulación con los instrumentos de planificación territorial y desarrollar sistemas de información más robustos que permitan reducir la incertidumbre y anticipar los conflictos.

Una línea de investigación en desarrollo

El estudio forma parte del proyecto ANID Fondecyt Regular Interdisciplinario "Conflictividad hídrica en Chile: Causas multifactoriales y mecanismos para su prevención y resolución", que busca comprender las causas de estos conflictos y aportar evidencia para mejorar su prevención y resolución.

Como próximos pasos, el equipo investigador espera integrar el análisis de sentencias con información hidrometeorológica, socioeconómica y administrativa, comparar el comportamiento de distintas cuencas y evaluar los efectos de la reforma al Código de Aguas de 2022. La académica precisa que estudiar las diferencias entre cuencas y regiones es clave "para detectar qué elementos explican una mayor capacidad de prevención o una resolución más oportuna y efectiva; es decir, entender por qué en algunos territorios los conflictos se resuelven antes de llegar a tribunales".

Además, ya se encuentran incorporando el estudio de sentencias de tribunales ambientales y desarrollando trabajo de campo en las cuencas de Choapa, Rapel y Valdivia para comprender la conflictividad hídrica desde la experiencia de los actores locales. "Muchas de las causas que se someten a tribunales ordinarios revela que algo no funcionó antes, en la planificación, en la información o en la coordinación institucional. La respuesta, por tanto, no está solo en los tribunales. Y este insumo debe necesariamente incluirse en el diseño de normas y otras políticas públicas vinculadas a los recursos hídricos", dice.