El Gobierno de Asturias blinda por ley el diálogo social y consolida la concertación como pilar de la gobernanza autonómica

• El proyecto de Ley de Participación Institucional, aprobado ayer por el Ejecutivo, dota de un marco legal estable y transparente la relación con los agentes sociales

• "Esta norma refuerza un modelo de diálogo que lleva casi 40 años funcionando y que forma parte de la identidad política del Principado", destaca el consejero Borja Sánchez

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha presentado hoy junto con representantes autonómicos de UGT, CCOO y la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), el proyecto de Ley de Participación Institucional, una norma que por vez primera establece un marco legal estable para la participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el diseño de las políticas públicas.

El proyecto, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, aporta seguridad jurídica y evita que el ejercicio de la participación dependa solo de la voluntad política del momento. El Principado carecía de una norma con rango de ley para definir y garantizar esta participación. Con este texto, el Ejecutivo autonómico cubre ese vacío normativo y sitúa Asturias al mismo nivel normativo que otras comunidades.

"Este proyecto de ley ordena, refuerza y blinda desde el punto de vista jurídico un modelo de diálogo social que lleva casi 40 años funcionando en Asturias y que forma parte de la identidad política de la comunidad", ha valorado el consejero Borja Sánchez.

La normativa define con claridad las competencias de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, a las que reconoce el derecho a conocer y recibir consulta previa sobre anteproyectos de ley en materias laborales, sociales y económicas. Además, pueden participar en la elaboración y evaluación de políticas públicas, así como formular propuestas ante la Administración autonómica.

De forma paralela, el proyecto también les exige el cumplimiento de determinadas obligaciones. Así, las organizaciones sociales más representativas deben actuar con buena fe negociadora y lealtad institucional. Igualmente, han de preservar la confidencialidad de la información, hacer un uso responsable de la documentación y mantener una asistencia efectiva en los órganos de representación.

Pie de foto: de izquierda a derecha, Alberto González, secretario general de Fade; Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT; Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo; María Calvo, presidenta de Fade y José Manuel Zapico, secretario general de CC.OO.

Documentación

• NP Ley Participación Institucional

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