Comisión de Justicia recibe aportes a las reformas sobre delitos contra la flora y fauna silvestres y minería ilegal

Martes, 07 de abril del 2026 - 20:20 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió aportes al proyecto unificado de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que recoge varias iniciativas reformatorias en materia penal. En esta ocasión, la mesa escuchó a expertos en Derecho Ambiental, quienes formularon observaciones al capítulo relacionado con los delitos contra la flora y fauna silvestres y la minería ilegal.

María Molineros, magíster en Derecho Ambiental, indicó que las normas que se proponen sobre delitos contra la flora y fauna silvestres y minería ilegal persiguen solo al operador, pero no a quien está detrás del delito, lo cual genera una debilidad concreta, sobre todo ante el crimen organizado, pues no se desarrollan elementos clave como la estructura de estas organizaciones.

Subrayó que el texto no es lo suficientemente claro en cuanto a la identificación concreta de los delitos, así como a la proporcionalidad de las penas, en unos casos las sanciones resultan mínimas y, en otros, son excesivas. En unos casos, las sanciones resultan mínimas y, en otros, son excesivas, razón por la cual sugirió que se revise detenidamente la redacción, a fin de evitar espacios para la impunidad. Añadió que se debería crear una justicia especializada en materia ambiental, a fin de garantizar la tutela del bien jurídico protegido, que es el derecho a vivir en un ambiente sano.

Mientras tanto, Hugo Echeverría, magíster en Derecho por la Universidad McGill (Canadá), expresó que el objetivo de la norma es establecer la reincidencia en el caso de delitos ambientales y que, en caso de ser cometidos por personas jurídicas, la sanción sería la clausura definitiva. Sugirió que se realice una reforma integral al tipo penal que rige desde 2014 y fue modificado en 2019.

Enfatizó que, con la reforma integral, el COIP estaría adaptado a los estándares internacionales, considerando las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya resolución sobre tráfico de vida silvestre insta a los países a fortalecer la legislación para sancionar estas conductas. Por tanto, la reforma no debería ser tratada como un tema menor, sino como la necesidad de dar una respuesta contundente desde el ámbito penal al tráfico ilícito de especies de vida silvestre.

EG