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09/03/2026 | Press release | Distributed by Public on 09/03/2026 15:08

Informe de la Misión de Alto Nivel de la OEA reafirma apoyo al orden democrático de Bolivia y llama al diálogo y la cohesión social

Comunicado de Prensa


Informe de la Misión de Alto Nivel de la OEA reafirma apoyo al orden democrático de Bolivia y llama al diálogo y la cohesión social

3 de septiembre de 2026

La Misión de Alto Nivel de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que visitó el Estado Plurinacional de Bolivia a fines de julio presentó hoy su informe ante el Consejo Permanente por intermedio del Secretario General de la OEA, Albert R. Ramdin. El informe detalla los resultados de la visita y presenta nueve recomendaciones destinadas a promover el diálogo, la cohesión social y la estabilidad en el país.
La Misión fue desplegada en cumplimiento de la resolución AG/RES. 3052 (LVI-O/26), "Situación en el Estado Plurinacional de Bolivia", adoptada por la Asamblea General de la OEA en Ciudad de Panamá en junio. Su mandato incluyó mantener un diálogo directo con autoridades del Estado y representantes de los sectores sociales, indígenas, laborales, empresariales, académicos, de los medios de comunicación y de la sociedad civil -luego de 53 días de conflictividad social- con el propósito de contribuir a preservar las instituciones democráticas y promover soluciones pacíficas en el marco constitucional de Bolivia.
La Misión, que visitó las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra los días 29 y 30 de julio de 2026, estuvo integrada por representantes de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Panamá, Perú y Uruguay, junto con el Secretario General de la OEA, Albert R. Ramdin. Su despliegue reflejó el compromiso oportuno del Secretario General y de los Estados Miembros de apoyar a Bolivia en un momento en que la conflictividad afectaba la estabilidad del país y la vida cotidiana de su población.
El informe identifica importantes puntos de convergencia entre los distintos sectores consultados. En primer lugar, constata un amplio acuerdo sobre la importancia de preservar el orden constitucional y democrático de Bolivia y respetar los mandatos surgidos de los procesos electorales. El informe destaca que dichos mandatos "deben ser respetados en su integridad y no pueden ser alterados por vías distintas de los mecanismos institucionales previstos en el orden constitucional boliviano".
La Misión también hizo un llamado al diálogo más amplio posible entre el Gobierno y todos los sectores de la sociedad boliviana con el fin de superar la polarización, prevenir nuevos conflictos y fortalecer la cohesión social. Subrayó que el diálogo y el ejercicio legítimo de la protesta social son plenamente compatibles con la responsabilidad compartida de proteger la democracia, la estabilidad institucional y los derechos de toda la población.

La Misión expresó su profundo pesar por la trágica pérdida de vidas humanas durante el período de conflictividad. Destacó que el Estado boliviano, los actores políticos y sociales y la sociedad en su conjunto comparten la responsabilidad de salvaguardar la democracia del país y sostener un proceso de diálogo amplio e inclusivo. El informe reconoce el ejercicio legítimo de la protesta social, al tiempo que enfatiza la necesidad de proteger la vida, garantizar el acceso a servicios e insumos esenciales y salvaguardar los derechos fundamentales de todas y todos los bolivianos.
El informe formula nueve recomendaciones principales:
Establecer un amplio acuerdo en respaldo de los mandatos surgidos democráticamente y del orden constitucional del país, reafirmando que las demandas sociales deben plantearse respetando estos principios y sin recurrir a la violencia para intentar alterar las instituciones democráticas o sus respectivos mandatos.
Establecer un mecanismo permanente y plural de diálogo entre el Estado y los distintos sectores de la sociedad, con la participación de organizaciones indígenas, campesinas, laborales, empresariales y de la sociedad civil.
Construir, mediante un proceso de diálogo inclusivo en el que participen todos los actores sociales y políticos, un marco de entendimiento que permita prevenir tempranamente los conflictos sociales; fortalezca el Estado de derecho, las libertades fundamentales y las instituciones democráticas; y garantice tanto el ejercicio del derecho a la protesta como que esta no ponga en peligro la vida de otras personas ni impida la circulación de insumos, servicios y suministros esenciales.
Promover la participación efectiva de las organizaciones sociales, particularmente las organizaciones indígenas y campesinas, en la elaboración de las leyes y políticas públicas que las afecten directamente.
Proteger el derecho a la protesta pacífica y garantizar, al mismo tiempo, los derechos de terceros a la vida, la salud, la alimentación, la libertad de circulación y el acceso a otros servicios esenciales, incluyendo medidas destinadas a proteger la infraestructura crítica y establecer corredores humanitarios y logísticos durante futuros períodos de protesta.
Analizar la adopción de medidas eficaces para apoyar la recuperación económica del país, incluida la creación de un marco regulatorio propicio para atraer inversiones y de mecanismos que fortalezcan la resiliencia de los sectores productivo, comercial y de servicios.
Fortalecer la protección y las garantías para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, incluida la adopción de una ley de acceso a la información pública acorde con los estándares interamericanos aplicables.
Continuar y profundizar las investigaciones sobre los actos de violencia ocurridos durante el período de conflictividad, con pleno respeto del debido proceso y de los derechos de las víctimas y de las personas procesadas.
Fortalecer las capacidades de monitoreo, mediación, prevención y gestión de conflictos y manejo de crisis de la Defensoría del Pueblo, y considerar la promoción de una reforma orientada a brindar mayor transparencia al sistema de justicia del país.
"El propósito central de esta Misión fue apoyar el orden democrático y constitucional de Bolivia y la voluntad soberana expresada por su pueblo en las urnas", afirmó el Secretario General Ramdin. "El diálogo, con la participación de los movimientos sociales, el sector privado, la academia, la sociedad civil y las distintas perspectivas políticas, es esencial para atender las demandas legítimas, siempre dentro del marco constitucional y con pleno respeto de los derechos de todas y todos los bolivianos. El pueblo de Bolivia y su Gobierno democráticamente electo seguirán contando con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos", agregó.

En la misma reunión, el Ministro de la Presidencia de Bolivia, Fernando Aramayo, afirmó que "Bolivia recibe estas recomendaciones con el compromiso de convertirlas en políticas de Estado, transformando la lección de esta crisis en una oportunidad para fortalecer nuestras instituciones y reactivar la economía". "Una democracia madura debe garantizar la movilización pacífica, pero también proteger a las mayorías que no protestan y asegurar que las autoridades electas ejerzan su mandato dentro del marco constitucional. Apostamos por continuar en este camino de defensa de la democracia y la plena vigencia de los derechos", añadió.

La Misión concluyó que Bolivia se encuentra en "un momento propicio para la construcción de consensos nacionales" que, si es aprovechado adecuadamente por el Estado y la sociedad en su conjunto, podría fortalecer las instituciones democráticas y contribuir a sentar bases más sólidas para el desarrollo integral del país.
La OEA reiteró su disposición a acompañar a Bolivia, a solicitud del Estado boliviano, en el avance de un diálogo inclusivo y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, así como a brindar apoyo técnico a los procesos de diálogo y reforma institucional.
Más información sobre la Misión disponible aquí.

Referencia: C-095/26

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