Misión de Acompañamiento a los procesos de renovación de autoridades judiciales y electorales de 2026

La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea a los procesos de selección y nombramiento de autoridades judiciales y electorales de 2026 ha iniciado su cuarta visita al país. Los expertos de la misión estarán en Guatemala durante el mes de marzo, con el objetivo de observar directamente los distintos eventos relacionados con las elecciones de segundo grado, así como sostener reuniones con una amplia gama de actores que participan en estos procesos.

La Misión considera necesario referirse a las decisiones adoptadas la semana pasada en el marco de los procesos de selección y nombramiento de magistrados para la Corte de Constitucionalidad. Uno de los aspectos destacados por la misión en sus primeras comunicaciones fue la importancia de cumplir con los plazos legales de los distintos procesos, lo que se ha cumplido hasta el momento. Asimismo, se valora positivamente que el Congreso de la República haya realizado entrevistas a los candidatos a la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, preocupa que los recientes nombramientos hayan tenido lugar en un ambiente de alta tensión, marcado por presiones ajenas y cuestionamientos sobre la integridad de algunos candidatos.

La Misión también ha seguido de cerca la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó al Congreso llevar a cabo la décima quinta sesión ordinaria del pleno. Al respecto, la Misión nota que existe un debate legítimo sobre los límites de la función de control que ejerce la Corte de Constitucionalidad sobre las decisiones de otros poderes del Estado. La sucesión de acontecimientos plantea interrogantes sobre los alcances del principio de separación de poderes, la independencia de las instituciones involucradas y la legitimidad de los mecanismos de elección de magistrados.

La Misión recuerda que la Constitución Política de la República permite que los poderes del Estado designen con autonomía y en ejercicio de sus facultades constitucionales. No obstante, sus decisiones deberían responder, ante todo, al interés público, así como al compromiso de fortalecer la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Para garantizar procesos de designación judicial plenamente legítimos, transparentes y acordes con los estándares democráticos y del Estado de derecho, sería deseable que los nombramientos fueran consecuencia de un debate sustantivo sobre la idoneidad e integridad de los candidatos.

Esta semana se esperan decisiones clave respecto a los nombramientos pendientes para el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad. La Misión anima a todos las autoridades e instituciones implicadas a actuar con un espíritu constructivo, atendiendo al interés general y priorizando los méritos de capacidad, idoneidad y honradez de los candidatos, tal como indica la Constitución de la República de Guatemala.