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Miércoles, 10 de junio del 2026 - 16:15 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana continuó el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana para la Regulación y Ejecución de Procesos de Deportación Masiva, para lo cual recibió los criterios técnicos de Pablo Barragán, máster en Relaciones Internacionales.
Barragán contextualizó el escenario internacional marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias en varios países, especialmente en Estados Unidos, donde la actual administración ha impulsado procesos de deportación masiva de personas en situación migratoria irregular. Señaló que estas medidas responden a una estrategia de seguridad nacional que considera a la migración como un asunto prioritario de política pública, con implicaciones directas para miles de ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior.
El especialista destacó la pertinencia de la iniciativa legislativa, considerando el incremento de deportaciones registrado en los últimos meses y los efectos sociales y económicos que estos procesos generan en los países de origen. En ese contexto, recordó que Ecuador enfrentó más de mil deportaciones en un corto periodo de tiempo, situación que evidencia la necesidad de contar con mecanismos institucionales para garantizar una atención adecuada a las personas retornadas.
Asimismo, enfatizó la importancia de que el Estado ecuatoriano fortalezca los protocolos de actuación consular y la coordinación interinstitucional para asegurar que los procesos de deportación se desarrollen con respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a la dignidad de las personas migrantes.
Respecto del contenido del proyecto, respaldó la incorporación de disposiciones orientadas a reconocer como grupo de atención prioritaria a los ecuatorianos retornados como consecuencia de procesos de deportación masiva que generen situaciones de vulnerabilidad. Además, consideró necesario fortalecer las atribuciones de las entidades competentes para velar por el respeto de los derechos de las personas sometidas a estos procedimientos.
El experto también advirtió que la problemática no se limita a Estados Unidos, sino que podría extenderse a otros países de la región que han anunciado medidas más estrictas de control migratorio, por lo que recomendó impulsar estrategias de cooperación internacional para enfrentar de manera coordinada los desafíos derivados de los procesos de deportación masiva.
Finalmente, reiteró la necesidad de que el país cuente con un marco normativo que permita responder de forma oportuna a estos fenómenos migratorios, protegiendo los derechos de los ecuatorianos en el exterior y facilitando su reintegración en caso de retorno forzado.
MEV