06/29/2026 | Press release | Distributed by Public on 06/29/2026 16:38
Lunes, 29 de junio del 2026 - 17:24 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, con siete votos afirmativos, resolvió iniciar la fiscalización respecto a las actuaciones de las instituciones del Estado frente a la desaparición de ocho niños de una casa de acogida ubicada en Conocoto, al suroriente de Quito, hecho reportado el pasado 27 de junio.
A solicitud del legislador Jorge Chamba, la mesa legislativa conoció los avances de las acciones emprendidas por el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado. Durante la sesión se destacó la respuesta inmediata de estas entidades, que permitió localizar a cinco de los ocho menores reportados como desaparecidos.
El asambleísta precisó que el seguimiento legislativo no busca interferir en las investigaciones judiciales ni sustituir las competencias de las instituciones responsables del caso. Explicó que la función de la Asamblea Nacional consiste en verificar que las instituciones públicas actúen con la diligencia, oportunidad y eficacia que exige la ley.
Prevención del reclutamiento de menores
En otro punto del orden del día, la comisión continuó el análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes. Para este efecto, recibió al subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, Edwin Cañizares.
El funcionario destacó la iniciativa del Presidente de la República para crear el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes (Coprunna), instancia que articula el trabajo de entidades como la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura y organismos internacionales.
Asimismo, expresó el respaldo del Ministerio de Defensa al proyecto de ley y afirmó que su aprobación constituye una necesidad normativa impostergable. "Se trata de una reforma esencial para garantizar la protección de la vida, la dignidad y el futuro de todas las niñas, niños y adolescentes frente a una de las prácticas más graves y lesivas que enfrenta actualmente el país", enfatizó.
Por su parte, el experto en derecho penal Leonardo Urbina presentó varias observaciones a la propuesta normativa. Entre ellas, planteó revisar el uso del término "utilización", al considerar que, desde el punto de vista dogmático, cuando una persona emplea a otra como instrumento para cometer un delito, la conducta de esta última no debe quedar impune.
"Queremos que las personas sean responsables de sus actos. Además, hay que tomar en cuenta que un adolescente tiene pleno conocimiento de lo bueno y de lo malo", enfatizó.
AM