Paraguay: el Estado pidió disculpas por su responsabilidad en el asesinato del periodista Santiago Leguizamón

El Estado paraguayo reconoció públicamente su responsabilidad en el caso del periodista Santiago Leguizamón y pidió disculpas a su familia y a la sociedad. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su organización afiliada, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), valoran este paso, pero recuerdan que todavía deben cumplirse medidas fundamentales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para combatir la impunidad y proteger a quienes ejercen el periodismo.

Santiago Ortiz interviene en el acto de pedido de disculpas del Estado paraguayo. Crédito: Sindicato de Periodistas del Paraguay

El 27 de julio, en el Palacio de Justicia de Asunción, el Estado paraguayo realizó el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional ordenado por la Corte IDH en el caso Leguizamón Zaván y otros vs. Paraguay. En representación del Estado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, reconoció las violaciones de derechos humanos declaradas en la sentencia y pidió disculpas públicas a la familia del periodista y a la sociedad paraguaya.

Santiago Leguizamón fue asesinado el 26 de abril de 1991 en Pedro Juan Caballero. A través de su labor periodística abordaba asuntos de interés público como la corrupción, el narcotráfico, el contrabando, la actuación de autoridades y empresarios, la situación de comunidades campesinas e indígenas y la violencia en la zona fronteriza. Había recibido amenazas relacionadas con su trabajo.

En su sentencia del 15 de noviembre de 2022, la Corte IDH concluyó que el Estado conocía la situación de riesgo en la que se encontraba el periodista y no adoptó las medidas de protección necesarias. También determinó que Paraguay no impulsó en un plazo razonable la investigación y el juzgamiento de los posibles responsables, ni actuó con la debida diligencia. El crimen permanece impune 35 años después.

Durante el acto, el secretario general del SPP, Santiago Ortiz, advirtió que el reconocimiento estatal "no puede convertirse en un simple cumplimiento formal. Debe marcar un antes y un después en la actitud del Estado paraguayo". Asimismo, reclamó el cumplimiento integral de la sentencia, el avance de una ley de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, y acciones para esclarecer los asesinatos de trabajadores y trabajadoras de prensa que continúan impunes.

En representación de la familia, Dante Leguizamón, hijo del periodista y secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), recibió con satisfacción las disculpas públicas, pero sostuvo que la memoria de su padre debe transformarse en políticas públicas contra la impunidad y para la protección del periodismo. También señaló que la sentencia trasciende el caso individual y debe contribuir a que ninguna otra persona que ejerza el periodismo, ni su familia, atraviese una situación semejante.

El acto público representa el cumplimiento de una de las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH. Entre las obligaciones que CODEHUPY identificó como pendientes se encuentran la conformación del Grupo de Trabajo previsto por la sentencia, el impulso de una ley de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, la reinstalación del Premio Nacional de Periodismo Santiago Leguizamón y la preservación y recuperación de los espacios dedicados a su memoria.

Una semana antes del acto de disculpas, la familia Leguizamón, el SPP y la CODEHUPY habían realizado una actividad en Pedro Juan Caballero para exigir el cumplimiento de la sentencia. La FIP respaldó entonces el reclamo y demandó avances concretos en las medidas de reparación y garantías de no repetición.

La FIP valora las disculpas públicas como una medida necesaria de reparación para Santiago Leguizamón y su familia. Sin embargo, este acto no puede cerrar el proceso ni sustituir las acciones todavía pendientes. El Estado paraguayo debe garantizar el cumplimiento integral de la sentencia y adoptar medidas sostenidas contra la impunidad y la violencia hacia la prensa. Proteger a quienes investigan asuntos de interés público es indispensable para garantizar el derecho de la sociedad a estar informada y fortalecer la democracia.