Cumbre Regional de Seguridad y Justicia: palabras de apertura del presidente Ilan Goldfajn

Como fue preparado para ser pronunciado

Introducción

Good morning! ¡Buenos días! It is an honor to be with you in Buenos Aires for the second Regional Security and Justice Summit of the Alliance for Security, Justice, and Development.

Permítanme que pase al castellano.

Ministra Patricia Bullrich, distinguidos ministros de Seguridad y Justicia, autoridades de toda América Latina y el Caribe, representantes de países e instituciones asociadas, colegas y amigos:

Quisiera comenzar agradeciendo al Gobierno de Ecuador por su colaboración durante este año fundacional para la Alianza, y dar la bienvenida al viceministro de Seguridad Pública, Fausto Olivo, quien representa a Ecuador en esta cumbre.

También doy la bienvenida a Argentina, que asume la presidencia pro tempore para guiarnos en la siguiente etapa.

El desafío

El crimen organizado sigue siendo uno de los desafíos más urgentes que enfrenta nuestra región.

América Latina y el Caribe representan solo el 8% de la población mundial, pero sufrimos un tercio de todos los homicidios. Nuestra tasa de homicidios es más de tres veces superior al promedio mundial, y casi la mitad está vinculada al crimen organizado.

El costo es abrumador: se pierde el 3,4% del PIB cada año. Más de lo que muchos de nuestros países invierten en educación o infraestructura.

Detrás de estas cifras hay comunidades que viven con miedo, negocios obligados a cerrar y jóvenes que pierden su futuro.

Y es muy apropiado que nos reunamos hoy en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Gran educador, Sarmiento escribió una vez: "Si no existieran dificultades, no habría éxitos".

Hoy enfrentamos una de las mayores dificultades de nuestro tiempo, y a través de la Alianza, podemos convertirla en éxito para nuestros pueblos.

Si el crimen está organizado, nosotros también debemos estar organizados. Con acción coordinada, basada en evidencia y a nivel regional.

La Alianza

Hace un año, con el apoyo de 18 países y 11 socios estratégicos, nació la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo. Hoy somos 22 países y 12 socios estratégicos.

Su propósito es claro: complementar los mecanismos existentes, cerrar brechas y actuar con rapidez en tres pilares interconectados:

• Proteger a las poblaciones vulnerables de la violencia y el reclutamiento delictivo.
• Fortalecer las instituciones de seguridad, justicia y sectores relacionados.
• Interrumpir los flujos financieros ilícitos y los mercados criminales.

Resultados del primer año

En solo doce meses, la Alianza ha pasado de ser un concepto a convertirse en acción. Y lo más importante, lo ha hecho bajo el liderazgo directo de los propios ministros. Tres grupos de trabajo dirigidos por ministros han reunido a más de 20 países para establecer prioridades y lograr resultados concretos.

Bajo el primer pilar, los países lanzaron las Directrices Regionales de Acción para Responder a la Trata de Personas, junto con la UNODC, y pusieron en marcha un curso en línea.

Ya, funcionarios de toda la región están utilizando estas herramientas para prevenir e investigar delitos, proteger a las víctimas y cooperar a través de las fronteras.

Bajo el segundo pilar, el Sistema de Intercambio Digital de Antecedentes Penales fue adaptado desde España y actualmente se está piloteando en Uruguay, con Argentina y Chile preparándose para unirse.

En Europa, la misma aplicación redujo el tiempo para obtener antecedentes penales de más de un mes a solo tres días, un verdadero avance para la cooperación regional.

Bajo el tercer pilar, estamos fortaleciendo la capacidad regional para combatir los delitos ambientales y financieros.

• En la Amazonía, se mapeó la cadena de minería ilegal de oro y se está desarrollando una metodología para identificar brechas en la capacidad policial, brindando a los países una visión más clara de dónde intervenir de manera más efectiva.
• También estamos piloteando un mecanismo de investigación conjunta en el Caribe para abordar delitos financieros transnacionales y recuperación de activos, involucrando a más de 60 altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para mejorar el enjuiciamiento del lavado de dinero y otros casos de financiamiento ilícito.

El BID estableció una División de Seguridad Ciudadana, la primera de su tipo en un banco multilateral, para que los recursos y la experiencia puedan desplegarse de manera sistemática.

Para reafirmar nuestro compromiso, en 2026 canalizaremos al menos US$1,5 millones en subvenciones provenientes del capital propio del Banco para apoyar la Secretaría Técnica de la Alianza, realizar su cumbre anual y reunir a los países en encuentros subregionales.

Junto con estos productos, la Alianza lanzó el primer préstamo basado en políticas del BID (PBL, por sus siglas en inglés) en seguridad ciudadana con un préstamo de US$400 millones a Ecuador, apoyando la prevención de delincuencia juvenil, la integración policial, la interrupción de flujos financieros ilícitos y la regulación minera. Construido con 23 socios y con US$50 millones en cofinanciamiento.

En total, desde el lanzamiento de la Alianza, hemos aprobado préstamos por un total de US$550 millones para fortalecer la prevención y desarticular mercados ilícitos.

Estos logros demuestran que la Alianza no es solo otra iniciativa. Ya está dando resultados.

Evolución: actuar más rápido y a escala

Desde el inicio, los ministros nos lo dijeron claramente: el fortalecimiento de capacidades es esencial, pero no es suficiente. Debemos actuar con mayor rapidez y con más recursos. Por eso, hoy marca una nueva fase para la Alianza, con 3 pasos.

Primero, tengo el agrado de anunciar personalmente el lanzamiento de la Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida.

Esta fuerza de tarea ofrece un mecanismo permanente que puede activarse cuando los países enfrentan crisis repentinas.

Ofrecerá equipos de asesoría en crisis, diagnósticos rápidos, capacitaciones específicas y planes de acción a corto plazo para ayudar a los gobiernos a coordinar policías, fiscales, sistemas penitenciarios y otras instituciones cuando más lo necesiten.

Los recursos de nuestra División de Seguridad Ciudadana que mencioné anteriormente respaldarán el establecimiento y la operatividad de esta fuerza de tarea.

Un país puede solicitar el apoyo de la fuerza de tarea cuando se cumple una de las siguientes tres condiciones:

• Aumento de crimen y violencia:
  Incrementos significativos en homicidios u otros delitos complejos (como extorsión, secuestro, trata de personas, ciberdelitos), ya sea a nivel nacional o local, o por efecto de desplazamiento desde países vecinos.
• Expansión de la gobernanza criminal:
  Evidencia de que grupos criminales ejercen control sobre infraestructura o territorios, prestan servicios públicos, restringen la movilidad o influyen en las comunidades.
• Vulnerabilidad institucional:
  Crisis de legitimidad o integridad, como escándalos de corrupción de alto perfil o caídas pronunciadas en la confianza pública.

Esto no se trata no más de despliegues de experticia ante crisis, sino de eficiencia en el acceso a recursos de cooperación técnica: estamos simplificando los procesos de preparación y aprobación de cooperaciones técnicas para poder apoyar a los países más rápidamente cuando decidan lanzar reformas. Es decir, un fast track de cooperación técnica para este tema tan importante.

El nuevo proceso nos permitirá preparar y aprobar una cooperación técnica para situaciones de emergencia en seguridad en tan solo 15 días.

Segundo, estamos ampliando el financiamiento y creando capacidad permanente:

Quiero anunciar que, en los próximos tres años, proyectamos un total de US$2.500 millones en operaciones desde nuestra división de seguridad. Esto es más de lo que hicimos en los últimos 16 años (2009-2025).

Ya en 2025, hay más operaciones en marcha por un total de US$202 millones.

Un próximo préstamo del BID por US$177 millones a Perú para una reforma penitenciaria integral, crucial para desmantelar las estructuras de mando criminal dentro de las cárceles.

También estamos trabajando en un préstamo de US$25 millones a Uruguay para para apoyar a la reinserción laboral y social de personas saliendo del sistema penitenciario y para modernizar la policía.

En Argentina, el BID está colaborando con las autoridades nacionales con dos proyectos en concreto:

• uno para fortalecer las instituciones federales de seguridad, incluyendo la Policía, Gendarmería, Prefectura y el Servicio Penitenciario, con énfasis en el desarrollo del capital humano y la mejora operativa;
• y otro para modernizar el sistema de justicia federal mediante la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que promueve un modelo más transparente, ágil y equitativo.
• Además, vamos a brindar asistencia técnica para sistematizar la evidencia de las intervenciones en la ciudad de Rosario que han llevado a una drástica reducción del crimen y la violencia y compartir este caso con otros países de la región.

Tercero, estamos movilizando nuevos recursos junto con nuestros socios:

• La cooperación técnica de España por US$1,5 millones para fortalecer los mecanismos de respuesta y prevención en seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe, así como los esfuerzos transnacionales contra el crimen organizado.
• El compromiso del Reino Unido de US$6,5 millones con el fondo multidonante ONE Caribbean MDTF, con US$1,3 millones ya comprometidos para la iniciativa ONE Safe Caribbean.
• Y como mencioné anteriormente, tenemos otros US$50 millones en cofinanciamiento en proceso de discusión.

En conjunto, estos pasos representan una Alianza que entra en una segunda etapa: capaz de responder a crisis inmediatas, mientras moviliza financiamiento a gran escala para reformas a largo plazo.

Mirando hacia adelante

Esta cumbre busca soluciones. Durante los próximos dos días, discutiremos la cooperación transfronteriza, el combate a los flujos financieros ilícitos, la protección de la juventud y la reforma de los sistemas penitenciarios.

Nuestra tarea es de largo plazo y multidimensional: prevención, aplicación de la ley, fortalecimiento institucional, coordinación e inversión sostenida.

Invito a todos ustedes a compartir lecciones, plantear preguntas y forjar alianzas que impulsen este trabajo hacia adelante.

Cierre

Una vez más, agradezco a Ecuador por su liderazgo como nuestra presidencia pro tempore fundadora, y doy una cálida bienvenida a Argentina al asumir el mando.

También quiero agradecer a los ministros que lideraron los tres grupos de trabajo de la Alianza:

• Patricia Bullrich, Argentina, y Dale Marshall, Barbados, en el pilar 1,
• Jaime Gajardo, Chile, y Gerald Campos, Costa Rica, en el pilar 2, y
• Mario Sarrubo, Brasil, y Rodrigo Nicora, Paraguay, en el pilar 3.

Su liderazgo sentó las bases de lo que hoy estamos logrando.

Quisiera reconocer también a nuestros socios estratégicos -desde la OEA e INTERPOL hasta CAF, PNUD, el Banco Mundial, CARICOM IMPACS y muchos otros- que hacen posible este esfuerzo.

La Alianza es prueba de que América Latina y el Caribe, junto con nuestros socios, pueden responder al crimen organizado con determinación y unidad.

Juntos, podemos fortalecer la seguridad ciudadana y crear las condiciones para el desarrollo sostenible en toda nuestra región.