Argentina: la FIP condena la represión en el Congreso y exige el fin del hostigamiento a la prensa

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) manifiesta su repudio ante la violenta represión desatada por las fuerzas de seguridad argentinas en las inmediaciones del Congreso Nacional en Buenos Aires. Una reportera gráfica fue herida en la cabeza y debió ser hospitalizada.

Crédito: María Bessone / @marube__

El jueves 6 de agosto una manifestación pacífica en rechazo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno argentino fue brutalmente reprimida dejando un saldo de más de 1500 personas heridas y decenas fueron detenidas. Como viene sucediendo, la violencia policial fue dirigida también contra trabajadorxs de prensa que se vieron particularmente afectados por gases lacrimógenos y balas de goma. Entre los casos registrados, reviste extrema gravedad el de una fotorreportera sufrió heridas en la cabeza, requiriendo su traslado e internación hospitalaria de urgencia.

La desproporcionada persecución policial, que se extendió por varias cuadras a la redonda del palacio legislativo, constituye un atropello contra las garantías democráticas básicas y un intento explícito de obstaculizar la cobertura periodística de la protesta social.

La FIP respalda la denuncia realizada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), reafirmando el derecho al libre ejercicio de la comunicación y la manifestación. La utilización sistemática de gas pimienta, elementos disuasivos y la fuerza física contra cronistas y reporteros gráficos busca instaurar una política de amedrentamiento para impedir que se documente el accionar de las fuerzas estatales en la vía pública.

Frente a la gravedad de estos hechos, la FIP exige al gobierno argentino de Javier Milei el cese inmediato del uso de la fuerza contra quienes ejercen el derecho a la protesta y a la información. Asimismo, la Federación insta a las autoridades judiciales a investigar de manera independiente el accionar de las fuerzas de seguridad para sancionar a los responsables de las lesiones sufridas por periodistas y manifestantes, y responsabiliza al Estado por la integridad física y la seguridad de las y los comunicadores que cubren la agenda política y social en las calles del país.