“El concepto de vida se devalúa”, planteó la Cátedra de Derecho Penal ante el proyecto de ley de eutanasia

El pasado 24 de setiembre Jorge Barrera, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Montevideo, asistió a la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores para la audiencia sobre el proyecto de muerte asistida en Uruguay. El profesor acudió en representación de la UM, en su calidad de titular de la Cátedra de Derecho Penal.

Barrera abrió su intervención señalando que el Estado no puede ser un "empujón" para terminar con la vida. Enfatizó que en este proyecto está en juego la dignidad humana y que, aunque una persona pueda querer terminar voluntariamente con su vida, "la asistencia al suicidio es consagrada unánimemente como una conducta delictiva en cualquier ordenamiento penal del mundo".

Sobre esto, planteó que uno de los principales conflictos del proyecto radica en la creación de dos categorías de personas: las "no eutanasiables", cuya dignidad y vida deben ser protegidas, y las "eutanasiables". Así, advirtió, "el concepto de vida se devalúa. Si hay una categoría de personas que no merecen la protección penal, vamos a tener a los 'eutanasiables', a los que se les quita esa dignidad humana que tiene carácter de irrenunciable".

Criterio discriminatorio

Además, sostuvo que el borrador de la ley introduce un criterio discriminatorio, ya que el derecho penal reconoce que todo ser humano posee la misma dignidad, mientras que con este proyecto "todos dejamos de tener el mismo valor".

Asimismo, agregó que su aprobación implica una transformación del juramento hipocrático: "Si yo tengo el derecho a la eutanasia, alguien tiene el deber de hacerla", dijo, y explicó que los pacientes estarían obligando a los médicos -cuyo compromiso es proteger y salvar vidas-, a quebrar ese juramento.

Finalmente, concluyó que la noción de "muerte digna" -entendida como la posibilidad de que una persona elija morir de forma natural y sin sufrimiento- ya se encuentra regulada por la Ley n.° 18335. La diferencia es que "este proyecto de ley no es 'muerte digna' (…). Es muerte provocada, porque está realizada por un tercero", precisó.