Seguridad recoge aportes que plantean reformas penales y procesales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado

Viernes, 04 de septiembre del 2026 - 12:11 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Seguridad Integral avanza en el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, Ley Antimafias, de iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, con los aportes del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario (IEDT) y del experto en Derecho Constitucional, Nino Cassanello.

Durante la sesión, María Izquierdo y María Moya, en representación del IEDT, respaldaron el propósito de fortalecer las capacidades estatales, aunque formularon observaciones a las disposiciones de carácter tributario. En ese sentido, recomendaron mantener el régimen vigente del artículo 94 del Código Tributario, en lugar de establecer un plazo excepcional de 10 años para la facultad determinadora de la administración tributaria en casos de incrementos patrimoniales no justificados.

A su criterio, cualquier periodo especial debe sustentarse en criterios técnicos, reglas claras y guardar coherencia con las obligaciones de conservación documental. También señalaron que la sola existencia de depósitos, acreditaciones o movimientos bancarios no permite establecer un incremento patrimonial gravado, por lo que corresponde a la administración demostrar su naturaleza y su sujeción al impuesto a la renta.

En cuanto al artículo 311 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), el Instituto planteó conservar el segundo inciso, que atribuye a la administración tributaria la responsabilidad de probar los hechos o actos del contribuyente que sustentan una obligación. Su eliminación, observó, podría generar un desequilibrio procesal y afectar garantías vinculadas con la defensa, el debido proceso y la igualdad de condiciones.

Por ello, sugirió analizar ambas reformas de manera integral y considerar la Resolución 02-2026 de la Corte Nacional de Justicia, además de establecer, si fuera necesario, un tratamiento especial para los incrementos patrimoniales no justificados.

De su lado, Cassanello planteó acompañar las nuevas herramientas contra el crimen organizado con ajustes al sistema procesal penal, de manera que el aumento de causas no genere mayor congestión en Fiscalía General ni en las unidades especializadas. Para ello, propuso crear procedimientos de mediana complejidad, a cargo de jueces unipersonales, para delitos con penas superiores a cinco e inferiores a 16 años, y reservar los tribunales para infracciones con sanciones mayores a 16 años.

Sugirió revisar la configuración de la participación funcional en estructuras de delincuencia organizada y eliminar exigencias que puedan dificultar la acreditación de la conducta. A la vez, incorporar la categoría de "funciones de ejecución", con penas de 10 a 13 años, para diferenciar los niveles de intervención dentro de una organización criminal y facilitar la determinación de responsabilidades por parte de fiscales y jueces.

A criterio del experto también se deben armonizar las normas sobre terrorismo y su financiación con las disposiciones relativas a los delitos contra la seguridad pública, a fin de evitar interpretaciones contradictorias sobre beneficios procesales o penitenciarios. En materia de extinción de dominio, recomendó corregir posibles contradicciones respecto de la exigencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada, en concordancia con el mandato de la consulta popular.

Finalmente, planteó revisar las consecuencias de la revocatoria de la licencia profesional de abogados cuando existan distintos niveles de participación en delitos de delincuencia organizada y colaboración funcional.

Las propuestas serán consideradas por la Comisión como parte del análisis y elaboración del informe para segundo debate.

JC