¿De qué hablamos cuando hablamos de gasto inteligente en la educación en la región

Gasto inteligente en educación, un enfoque busca generar mayor impacto en los aprendizajes.

• América Latina y el Caribe destina 4,2% del PIB a la educación y se invierten, en promedio, 2.500 dólares al año por estudiante.
• No se trata solo de aumentar el gasto en educación, sino de orientar los recursos hacia lo que realmente mejora el aprendizaje.
• El gasto inteligente en educación significa maximizar el impacto de los recursos invertidos en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes.

Durante décadas, el debate sobre la educación en América Latina y el Caribe se ha centrado en una pregunta aparentemente sencilla: ¿cuánto gastamos en educación? Sin embargo, esta mirada, aunque importante, resulta insuficiente. El gasto público en educación en la región cayó a 3,9% del PIB en 2022, el nivel más bajo en más de veinte años. La recuperación post-pandemia ha sido lenta, mientras persisten brechas de aprendizaje equivalentes a varios años de escolaridad con la OCDE.

Gasto público en educación como porcentaje del PIB (OCDE-ALC)

En el Banco Interamericano de Desarrollo sabemos que cuando los recursos son limitados, las decisiones sobre cómo se usan marcan la diferencia entre un sistema que se estanca y uno que se transforma. Hemos acompañado a ministros de Educación y Finanzas, a directores de escuelas y a comunidades en 22 países de la región. Hemos escuchado sus retos: escuelas que enfrentan la falta de docentes, programas que no llegan a tiempo por trabas administrativas, presupuestos que no logran responder a las necesidades de los más vulnerables. Hemos documentado cómo algunos países logran más con menos: Brasil es el único país de la región con mejoras sostenidas en PISA en 20 años gracias a reformas sistémicas, mientras que otros con mayor inversión mantienen resultados estancados.

Estas experiencias nos motivan a impulsar una nueva manera de pensar el financiamiento educativo. De allí nace el concepto de gasto inteligente en educación, un cambio de paradigma que propone responder, además de cuánto gastamos, cómo movilizamos más recursos de forma sostenible, cómo los distribuimos, cómo ejecutamos y cómo aseguramos que esas inversiones tengan impacto en los aprendizajes.

¿Qué es el gasto inteligente en educación?

El gasto inteligente en educación significa maximizar el impacto de los recursos invertidos en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Enfatiza la movilización eficiente de recursos, la distribución equitativa, la ejecución efectiva y el monitoreo sólido. Simplemente aumentar los recursos no es suficiente: la forma en que se gastan es crucial, especialmente para los estudiantes más vulnerables. Lograr un gasto inteligente requiere equilibrar la adecuación, la equidad, la eficiencia y la transparencia en el financiamiento educativo.

La agenda de gasto inteligente incluye cuatro áreas clave que combinan dimensiones y principios básicos:

1. Movilizar recursos de manera sostenible

Los sistemas educativos en la región enfrentan una competencia constante por recursos con otros sectores como salud, seguridad e infraestructura. A ello se suman los ciclos de volatilidad fiscal, que suelen golpear más fuerte a la inversión social.

La movilización sostenible implica diseñar marcos fiscales que protejan la educación incluso en contextos de crisis. Panamá creó el Seguro Educativo, un impuesto específico sobre los ingresos que garantiza flujos estables. Colombia implementó bonos de impacto social donde inversionistas privados financian programas educativos y el gobierno paga solo si se logran resultados específicos.

Por ejemplo, Brasil ha implementado FUNDEB, que no solo redistribuye recursos entre municipios con criterios de equidad, sino que desde 2020 es permanente y aumentará la contribución federal del 10% al 23% para 2026. En República Dominicana, los pactos fiscales han garantizado un compromiso político de mantener el gasto educativo por encima del 4% del PIB. Estas experiencias muestran que la sostenibilidad financiera no depende solo de la voluntad política, sino también del diseño institucional.

Gasto público en educación (como porcentaje del PIB)

2. Distribuir con equidad y criterios técnicos

En numerosos países, el presupuesto educativo sigue asignándose con criterios históricos o discrecionales. Esto genera inequidades persistentes: escuelas rurales sin suficientes docentes, comunidades vulnerables con infraestructura precaria y zonas urbanas saturadas de matrícula sin recursos adicionales.

Un gasto inteligente plantea que la distribución debe basarse en fórmulas objetivas que incluyan variables como matrícula, nivel socioeconómico, ubicación geográfica o condición de vulnerabilidad.

Un caso ilustrativo es el de Chile, la Ley SEP asigna 70% más recursos por cada estudiante vulnerable, usando datos socioeconómicos actualizados alumno por alumno. El resultado: la brecha de aprendizaje se redujo el equivalente a un año de escolaridad. En Ecuador, el sistema de "plantilla óptima" usa algoritmos para asignar más de 30.000 posiciones docentes en minutos, eliminando la discrecionalidad política que antes tomaba meses. Estos ejemplos muestran que no basta con aumentar el monto total del presupuesto: es indispensable asegurar que llegue a quienes más lo necesitan.

Distribución de los recursos educativos

3. Ejecutar con eficiencia

A menudo, entre la aprobación del presupuesto y su llegada efectiva a las escuelas se abre un abismo. Procesos administrativos complejos, baja capacidad de gestión en los ministerios y trabas burocráticas ralentizan el impacto del gasto. En São Paulo, por ejemplo, la compra centralizada de un bolígrafo requería especificar 32 características técnicas para garantizar calidad, generando parálisis administrativa.

El BID ha identificado casos en que hasta el 30% de los recursos educativos aprobados no se ejecutan en el año fiscal. Este problema no se debe solo a falta de dinero, sino a deficiencias de gestión.

El gasto inteligente promueve la modernización de los sistemas de gestión educativa, mediante herramientas digitales, planificación multianual, fortalecimiento de capacidades locales y mecanismos de ejecución descentralizada.

En Perú, por ejemplo, el programa de Compromisos de Desempeño (CdD) no solo vincula recursos con metas específicas, sino que provee asistencia técnica para ayudar a gobiernos subnacionales a cumplirlas, evitando un enfoque puramente punitivo. En Colombia, el SIDRE de Bogotá consolida las necesidades de 406 escuelas públicas en una plataforma digital, reduciendo dramáticamente los tiempos de adquisición.

La eficiencia no es un lujo: es la condición para que cada peso asignado llegue donde debe llegar.

Factores clave para una ejecución presupuestaria eficiente

4. Monitorear el impacto real

Medir es indispensable, pero debe hacerse de manera que fortalezca, no que paralice. Un exceso de reportes, indicadores y controles puede generar parálisis administrativa en lugar de impulsar mejoras.

El BID promueve sistemas de monitoreo inteligentes, que combinen rigor técnico con flexibilidad operativa, y que integren tanto datos cuantitativos (resultados de aprendizaje, tasas de matrícula, infraestructura) como cualitativos (percepción de docentes, satisfacción de familias, innovaciones locales).

Un ejemplo ilustrativo proviene de Jamaica, país que ha avanzado en la creación de la plataforma Manage, implementada como piloto en 51 escuelas con apoyo del BID, que conecta la ejecución presupuestaria con indicadores de desempeño escolar y resultados de aprendizaje en tiempo real. Más allá de un ejercicio de control, el monitoreo se convierte así en un instrumento estratégico para asegurar que cada dólar invertido genere valor real en las aulas.

Plataforma Manage, proyecto piloto en Jamaica

Este caso confirma una de las lecciones centrales del enfoque de gasto inteligente: el monitoreo debe estar al servicio de los aprendizajes, no de la burocracia. Jamaica demuestra que, cuando el seguimiento financiero y pedagógico se articula de manera efectiva, los sistemas educativos se fortalecen y el principio de que "cada peso cuenta" deja de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana.

La pandemia, la inseguridad y las restricciones fiscales han puesto a prueba a nuestros sistemas educativos, pero también han abierto una ventana única: la oportunidad de repensar cómo financiamos la educación para que no solo sobreviva a las crisis, sino que salga fortalecida de ellas.

En el BID estamos convencidos de que este es el momento para impulsar un gasto inteligente en educación. No se trata únicamente de números, sino de un compromiso con la equidad, la calidad y la eficiencia. Se trata de asegurar que cada niña y cada niño en América Latina y el Caribe pueda aprender, independientemente de dónde haya nacido o de la escuela a la que asista. Por eso seguiremos acompañado a la región en esta transformación.

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