Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Peru

03/10/2026 | Press release | Distributed by Public on 03/10/2026 16:26

Gobierno aprueba nueve extradiciones y fortalece la lucha contra la represión de los delitos para evitar su impunidad

Gobierno aprueba nueve extradiciones y fortalece la lucha contra la represión de los delitos para evitar su impunidad

Nota de prensa
Estas personas son procesadas por delitos de terrorismo, tráfico de estupefacientes, asociación criminal armada, entre otros.

10 de marzo de 2026 - 5:15 p. m.

El Gobierno peruano, por propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) aprobó nueve solicitudes de extradición, entre activas y pasivas, como parte de su estrategia para reforzar la lucha en la represión de los delitos y evitar su impunidad. Las decisiones se adoptaron en cumplimiento de la normativa vigente y de los tratados internacionales suscritos por el Perú.

Del total, cinco corresponden a extradiciones activas mediante las cuales el Perú solicita a Estados extranjeros la entrega de ciudadanos requeridos por la justicia peruana. Entre los casos figura el de Jean Paul Alfredo II Guevara Woolcott, quien será extraditado de la República Italiana para cumplir en el Perú la condena impuesta por la comisión del delito de lesiones graves.

Asimismo, Janeth Roxana Moreno Aguirre será extraditada del Reino de España para cumplir condena por los delitos de estafa, apropiación ilícita y falsificación de documentos. Por su parte, Junior César Orellana Rodríguez, también identificado como Juan Carlos López Cruz, será extraditado desde la República Federativa de Brasil para ser procesado por la presunta comisión del delito de violación sexual de menor de edad.

Igualmente destaca el caso de Jorge Antonio Matos del Villar, quien será extraditado de la República Federativa de Brasil para responder ante la justicia peruana por la presunta comisión de los delitos de terrorismo y afiliación a organización terrorista. Completa el grupo de extradiciones activas Carlos Alberto Vergel Arguedas, quien será entregado por la República de Chile para ser procesado en el Perú por la presunta comisión del delito de asociación ilícita.

De otro lado, se autorizaron cuatro extradiciones pasivas para entregar a personas requeridas por las autoridades de Argentina, Brasil y Colombia. En este grupo resalta el caso de Icsar Chininin Chuquihuanga, quien será entregado a la República Argentina para ser procesado por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, cometidos en perjuicio de una menor de edad en su calidad de guardador.

Asimismo, se autoriza la entrega de Erick Melitón Huamán Arizapana a la República Argentina para ser procesado por la presunta comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal aprovechándose de la minoría de edad de la víctima, quien además padece de retraso madurativo.

De otro lado, se ha concedido formalmente la extradición a la República Federativa de Brasil del ciudadano brasileño Marcos André Ferreira Aparicio, también conocido como Marco André de Souza Aparicio o Marcos André de Souza Ferreira, para responder por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y asociación criminal armada; y del ciudadano brasileño Jefferson Arcentales Ferreira, identificado también como Hugo Arcentales Ferreira, para que responda por la presunta comisión del delito de asociación criminal armada. En ambos casos, la entrega física en extradición ha sido aplazada hasta que los reclamados cumplan las condenas que la justicia peruana les ha impuesto, al haber sido hallados penalmente responsables por la comisión de los delitos de homicidio calificado, microcomercialización de drogas y uso de armas, en el caso de Ferreira Aparicio, y de homicidio calificado, en el caso de Arcentales Ferreira.

Finalmente, Javier Trejo Ramírez será extraditado a la República de Colombia para cumplir la condena impuesta por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes bajo el verbo rector de transportar.

Con estas medidas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reafirma el compromiso del Estado peruano con la cooperación judicial nacional e internacional, garantizando que los hechos ilícitos sean sometidos a juicio ante las autoridades jurisdiccionales competentes y no queden impunes aun cuando los responsables pretendan evadir la justicia traspasando fronteras.
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