Las reformas en el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile amenazan con dejar desprotegidas a las victimas

El presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó ante el Congreso, el 19 de octubre, un proyecto de ley para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Fundado en 2009 como un organismo estatal autónomo, el instituto ha trabajado para promover y proteger los derechos humanos en Chile, entre otras cosas mediante la presentación de acciones judiciales en favor de víctimas de violaciones de derechos humanos.

De aprobarse, la legislación debilitaría algunas de las herramientas que el instituto utiliza para proteger los derechos humanos y pondría en riesgo su independencia.

El proyecto de ley pondría fin anticipadamente al mandato de los 11 integrantes del actual Consejo del instituto y los sustituiría por un consejo de transición compuesto por cinco nuevos miembros que, entre otros, estaría a cargo de redactar los nuevos estatutos del instituto.

A diferencia del Consejo actual, que cuenta con cuatro miembros seleccionados directamente por organizaciones de la sociedad civil, el Consejo de Transición sería propuesto por el presidente y aprobado por el Senado, y ninguno de sus miembros sería designado directamente por la sociedad civil.

Esto entra en tensión con los estándares establecidos en los Principios relativos al estatuto de las Instituciones Nacionales (Principios de París), que recomiendan que sus integrantes sean independientes del gobierno y sean elegidos mediante un procedimiento que garantice una representación pluralista de la sociedad civil.

Según un informe financiero de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, presentado junto con el proyecto de ley el 19 de octubre, la ley también reduciría el personal del instituto. La cantidad de empleados en las oficinas regionales del instituto fuera de Santiago de Chile se reduciría a la mitad, y el número de abogados de la unidad de protección del instituto, encargada de llevar a cabo sus acciones legales, disminuiría en un 70%. Como consecuencia, los ciudadanos de muchas zonas de Chile podrían perder el acceso a la atención presencial del instituto.

El proyecto de ley en discusión también eliminaría la facultad del instituto de presentar querellas en representación de víctimas, una atribución que ha ejercido en muchas ocasiones en casos de tortura, malos tratos y trata de personas. Esto significaría que las víctimas que no pueden pagar un abogado se quedarían sin patrocinio legal y dependerían del Ministerio Público para decidir si su caso avanza y de qué manera.

El propio Instituto Nacional de Derechos Humanos ha valorado otros aspectos del proyecto, como aquellos orientados a mejorar su transparencia y gobernanza, pero ha advertido que algunas de sus disposiciones debilitarían su capacidad de cumplir con su mandato y su independencia.

El Congreso de Chile debería examinar estas disposiciones preocupantes del proyecto y asegurar que el instituto conserve la capacidad de proteger los derechos de todos los chilenos.