Perú: RSF alarmada por la inacción de las autoridades tras dos intentos de asesinato de periodistas en diciembre

El 19 de diciembre, el vehículo del periodista Anthony Rumiche Rodríguez, del canal de televisión Prensa Callao TV, fue atacadocon 20 disparos frente a su vivienda en el Callao, región próxima al área metropolitana de Lima, apenas horas después de que cubriera una conferencia de prensa del Gobierno Regional y cuestionara restricciones al escrutinio periodístico. El periodista resultó ileso, según información de RSF. Anthony Rumiche Rodríguez ha publicado investigaciones sobre presunta corrupción en el Gobierno Regional del Callao, cuyo gobernador, Ciro Castillo, ha sido señalado por la prensa como prófugo y está siendo investigado por crimen organizado y colusión agravada.

Días antes, el 12 de diciembre, Mitzar Castillejos Tenazoa, conductor de Radio Latin Plus 107.7 FMy editor del medio informativo Bato a Informarte Noticias, fue baleadoen Aguaytía, en la región amazónica de Ucayali, cuando se dirigía al estudio para grabar su programa. El periodista permanece en estado crítico. A comienzos de mes, el 6 de diciembre, Juan Fernando Núñez Guevara, director del medio digital Kamila TVy representante local de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), fue asesinadopor hombres armados que se desplazaban en una motocicleta en la provincia de Pacasmayo, en el norte del país.

A pesar de la gravedad de estos ataques y de la rapidez con que se han sucedido, RSF no ha registrado pronunciamientos públicos de alto nivel en defensa del periodismo, ni información verificable sobre avances sustantivos en las investigaciones que puedan disuadir nuevos atentados. Este silencio y la falta de resultados están alimentando un clima de impunidad que golpea con especial dureza al periodismo regional y de investigación. Contactadas por RSF, las autoridades no respondieron.

Crisis institucional y expansión de la violencia

Perú atraviesa una crisis política e institucional sostenida desde diciembre de 2022. Durante este período, el Congreso ha aprobado o impulsado reformas legales que afectan directamente las investigaciones penales y el procesamiento de delitos complejos. Entre estas medidas se incluyen cambios que reducen los plazos de prescripción, restringen la colaboración eficaz, modifican la definición legal del crimen organizado -excluyendo economías ilícitas como la minería ilegal- y endurecen las condiciones para diligencias investigativas como allanamientos e incautaciones (por ejemplo, al exigir la presencia de abogados defensores). También debilitan los mecanismos de recuperación de bienes de origen ilícito (extinción de dominio). Asimismo, el régimen autoritario ha promulgado normas que impiden investigar a determinados actores o estructuras, lo que debilita la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Paralelamente, la rendición de cuentas pública ha sido gravemente insuficiente desde 2022. Desde septiembre de 2025, tras la llegada del presidente interino, no se han realizado conferencias de prensa presidenciales y, según monitoreos locales, solo se han registrado tres entrevistas concedidas a medios afines al gobierno.

Recomendaciones de RSF

RSF insta a las autoridades peruanas a responder de manera proporcional a la gravedad de estos hechos, mediante medidas inmediatas y verificables:

• Protección efectiva e inmediata para Anthony Rumiche Rodríguez y su entorno, con evaluación de riesgo y seguimiento continuo.

• Garantías médicas y de seguridad para salvaguardar la vida de Mitzar Castillejos, asegurando la atención especializada y urgente que requiere.

• Rendición de cuentas pública:un pronunciamiento oficial de alto nivel en defensa del periodismo, acompañado de actualizaciones verificables sobre los avances de las investigaciones.

• Mejora del mecanismo de protección:efectividad y acciones concretas del Mecanismo de Protección, debilitado por una reducción progresiva de su presupuesto desde 2022, así como por la falta de articulación y coordinación institucional.

• Lucha contra la impunidad:priorizar el vínculo de los ataques con el ejercicio del periodismo y garantizar la identificación y sanción no solo de los autores materiales, sino también de quienes ordenaron los ataques.