Elecciones en Brasil: la libertad de prensa avanza bajo la presidencia de Lula, pero persisten los desafíos estructurales y existe riesgo de retrocesos

Al final del mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, el panorama es claro: Brasil pasó del puesto 110 entre 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF en 2022, al final de la presidencia de Jair Bolsonaro, al puesto 52 en 2026, un avance de 58 posiciones. Aunque una parte significativa de este cambio se debe al retorno a una situación de normalidad democrática, después del período más sombrío para el periodismo brasileño desde la redemocratización, en 1988, estos cuatro años también permitieron iniciar avances más ambiciosos en la protección y el fortalecimiento de las condiciones para el ejercicio del periodismo.

Poder público y medios de comunicación: el retorno a una relación democrática

Uno de los cambios más evidentes de los últimos cuatro años fue la normalización de las relaciones entre el Gobierno federal y los periodistas. La deslegitimación sistemática de la prensa llevada a cabo por la Presidencia de la República y la movilización política contra los periodistas, características de los años de Bolsonaro, dejaron de formar parte de la comunicación cotidiana del Poder Ejecutivo.

También se registraron avances en materia de transparencia pública y aplicación de la Ley de Acceso a la Información (LAI), después de un período marcado por restricciones y por el uso abusivo del secreto.

Seguridad y protección: avances reales, mecanismos aún frágiles

Ningún periodista fue asesinado en Brasil como consecuencia de su actividad durante el actual mandato del presidente Lula, un hito importante teniendo en cuenta el historial de violencia letal contra trabajadores de la comunicación entre 2010 y 2022. El Gobierno federal también buscó fortalecer su respuesta institucional frente a la violencia contra la prensa. Entre otras medidas, creó, en 2023, el Observatorio Nacional de la Violencia contra los Periodistas. El Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Ambientalistas y Comunicadores (PPDDH) también salió fortalecido. Asimismo, se adoptó un protocolo para la investigación de delitos cometidos contra la prensa, elaborado con la participación de RSF.

Sin embargo, el balance sigue siendo desigual. El Observatorio aún enfrenta dificultades para consolidarse como un mecanismo eficaz de monitoreo de la violencia y de coordinación de las respuestas del poder público. Los programas de protección también siguen estando insuficientemente adaptados a los riesgos específicos que enfrentan los periodistas. Las amenazas, agresiones físicas, ataques en el entorno digital y otras formas de intimidación continúan afectando a profesionales de la prensa, especialmente en las ciudades del interior del país.

Integridad de la información: liderazgo internacional, resultados más modestos en Brasil

La integridad de la información y las transformaciones derivadas del entorno digital se consolidaron como uno de los ejes importantes del actual mandato presidencial. Durante la presidencia brasileña del G20, en 2024, Brasil contribuyó a colocar la integridad de la información en el centro de las discusiones sobre la economía digital. En asociación con las Naciones Unidas y la UNESCO, el país también lanzó la Iniciativa Global para la Integridad de la Información sobre el Cambio Climático, estableciendo una conexión entre los trabajos iniciados en el G20 y la COP30, celebrada en Belém en 2025. Durante la conferencia, el tema adquirió una nueva dimensión internacional, con compromisos relacionados, entre otros aspectos, con la protección del periodismo ambiental, la rendición de cuentas de las plataformas digitales y la sostenibilidad económica de los medios de comunicación.

En el ámbito nacional, el Poder Ejecutivo participó activamente en los debates sobre la rendición de cuentas de las plataformas digitales, la transparencia y la regulación del espacio informativo. Sin embargo, enfrentó muchas dificultades para transformar esta agenda en cambios legislativos. El proyecto de ley contra la desinformación (PL 2630), que incorporaba principios también presentes en el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA) y buscaba establecer nuevas obligaciones para el funcionamiento de las plataformas, terminó archivado en el Congreso, en medio de fuertes resistencias políticas y una intensa movilización de las grandes empresas tecnológicas.

El proyecto de ley sobre inteligencia artificial (PL 2338), que establece un marco regulatorio para el sector, fue aprobado por el Senado en 2024, pero varias disposiciones relacionadas con la integridad de la información perdieron fuerza durante su tramitación. El texto aún no ha sido votado en la Cámara de Diputados.

En otro frente, el Gobierno comenzó a estructurar una verdadera política pública de alfabetización mediática e informacional, con la creación, en 2023, de la Estrategia Brasileña de Educación Mediática (EBEM).

Problemas estructurales aún insuficientemente abordados

La mejora de la situación de la libertad de prensa no estuvo acompañada, en la misma proporción, por reformas capaces de responder a los desafíos estructurales, antiguos y nuevos, que afectan al periodismo brasileño. Entre ellos se encuentra el acoso judicial contra los profesionales de la prensa.

El secreto de la fuente, garantía constitucional esencial para el periodismo, también sigue siendo motivo de preocupación, después de haber sido cuestionado por diversas decisiones judiciales e investigaciones a lo largo del período.

Garantizar un panorama mediático plural y económicamente viable sigue siendo un gran desafío, especialmente ante el debilitamiento de los medios de comunicación locales e independientes y la creciente dependencia de las plataformas digitales. Sin embargo, algunas iniciativas comenzaron a explorarse. El Gobierno lanzó una incubadora destinada a fortalecer y apoyar a medios de comunicación afrobrasileños, periféricos e independientes, que aún no ha sido plenamente implementada. También creó el Plan de Comunicación por la Igualdad Racial y adoptó medidas para facilitar el acceso de estos medios a la cobertura de las actividades de la Presidencia de la República. Estas iniciativas demuestran una mayor consideración por la diversidad del panorama mediático y por las desigualdades históricas que lo atraviesan, pero siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de los desafíos.

Por último, se adoptaron medidas para reconstruir la comunicación pública, especialmente mediante el restablecimiento de mecanismos de participación de la sociedad civil en la Empresa Brasil de Comunicación (EBC). Sin embargo, su consolidación aún requiere garantías duraderas de independencia y gobernanza, con el fin de protegerla de interferencias políticas.