Misión Especial de la OEA en Guatemala llama a preservar la legalidad, la certeza jurídica y la legitimidad institucional en la USAC

Comunicado de Prensa

Misión Especial de la OEA en Guatemala llama a preservar la legalidad, la certeza jurídica y la legitimidad institucional en la USAC

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala da seguimiento, en el marco de su mandato, a los acontecimientos relacionados con la asunción de la autoridad rectoral de la Universidad de San Carlos de Guatemala, recientemente producida. Por su carácter público, autónomo y estratégico, la USAC ocupa un lugar central en la vida democrática, académica e institucional del país, por lo que la elección y asunción de sus autoridades no pueden ser tratadas como actos meramente internos o protocolarios, desprovistos de legalidad y consecuencias para la confianza pública.

La Misión ha venido expresando su preocupación por los señalamientos graves, fundados y persistentes que han acompañado el proceso electoral rectoral de la USAC, incluidos cuestionamientos sobre la integración del cuerpo elector, exclusiones de electores, acreditaciones selectivas, falta de publicidad suficiente, acciones judiciales pendientes, denuncias de intimidación y dudas sobre la igualdad de condiciones en que se desarrolló. Estas circunstancias no constituyen aspectos accesorios ni simples diferencias políticas entre sectores universitarios: se refieren a condiciones básicas y esenciales de legalidad, integridad electoral, participación efectiva, debido proceso y legitimidad institucional, que la mera asunción del cargo no resuelve por sí misma.

La Misión toma nota, asimismo, de la información pública sobre la situación del finiquito y la existencia de denuncias penales o actuaciones pendientes relacionadas con la autoridad rectoral y con actos de administración universitaria. Sin prejuzgar responsabilidad individual alguna, y reconociendo que la existencia de denuncias, investigaciones o señalamientos no equivale a responsabilidad penal en virtud de la presunción de inocencia, cuando tales elementos fundados se relacionan con los requisitos legales para asumir o ejercer el cargo, con la administración de recursos públicos o con la regularidad del proceso electivo, corresponde a las autoridades competentes e independientes investigar y aclarar de manera pronta, diligente, independiente, motivada y transparente sus efectos jurídicos. El hecho de que la asunción del cargo ya se haya producido no exime de esa obligación; por el contrario, la falta de una respuesta institucional clara puede agravar la incertidumbre, profundizar la conflictividad universitaria y debilitar la confianza pública en la legalidad del proceso.

En ese sentido, la Misión subraya que la asunción del cargo -materializada, según información allegada, mediante su incorporación como punto de agenda de una sesión del Consejo Superior Universitario, y no a través de un acto público de investidura- no cierra una controversia institucional no resuelta, ni puede interpretarse como una convalidación automática de un proceso cuya integridad continúa siendo seriamente cuestionada por amplios sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad guatemalteca. Que la toma de posesión se haya producido por la vía de un acto administrativo interno, y no de un proceso público, transparente y deliberado, ilustra precisamente que la estabilidad institucional no se alcanza mediante hechos consumados: se alcanza mediante decisiones legales, claras, verificables y respetuosas del Estado de Derecho. Por lo cual, el paso del tiempo, la realización de actos protocolarios, la continuidad de actos administrativos o la invocación de formalidades no sustituyen la necesidad de esclarecer los cuestionamientos de fondo que afectan la credibilidad del proceso rectoral.

En ese sentido, la Misión exhorta respetuosamente al Consejo Superior Universitario y a las demás autoridades universitarias competentes a conducirse con máxima prudencia institucional, transparencia y apego estricto a la legalidad en el ejercicio de sus funciones. La autonomía universitaria, reconocida constitucionalmente, debe preservarse como garantía de libertad académica, autogobierno responsable y deliberación plural; no puede, sin embargo, entenderse como un espacio exento de legalidad, rendición de cuentas y control democrático, ni invocarse para consolidar situaciones originadas en procesos percibidos como excluyentes, opacos o contrarios a principios básicos de integridad institucional.

La Misión hace un llamado a las autoridades judiciales, administrativas y de control competentes para que conozcan, esclarezcan y resuelvan con independencia, imparcialidad, celeridad y publicidad las acciones pendientes que puedan incidir en la certeza jurídica del proceso, en particular las relacionadas con el cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio del cargo y la validez de los actos determinantes del proceso rectoral, cuyas consecuencias jurídicas no quedan saneadas por la asunción del cargo.

Asimismo, la Misión llama a todos los sectores de la comunidad universitaria a ejercer sus derechos por vías pacíficas, democráticas e institucionales, y rechaza cualquier forma de violencia, intimidación, criminalización o estigmatización contra estudiantes, docentes, trabajadores, autoridades, periodistas, observadores o integrantes de la sociedad civil que expresen posiciones críticas o ejerzan auditoría social. Insta también a las autoridades estatales a garantizar, con respeto a la autonomía universitaria, la vida, integridad y seguridad de todas las personas vinculadas a los acontecimientos de la USAC, conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.

La Misión Especial continuará observando, en el marco de su mandato, los hechos que puedan incidir en la legalidad, legitimidad y confianza pública de los procesos institucionales en Guatemala, y reafirma su disposición a acompañar esfuerzos orientados al diálogo democrático, la transparencia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Referencia: C-084/26