Guatemala avanza en la construcción de una hoja de ruta para transformar la atención en salud mental

Guatemala, noviembre 2025.- El Foro "Salud Mental y Derechos Humanos: Construyendo una Hoja de Ruta Interinstitucional" reunió a instituciones del Estado, organismos de protección de derechos humanos y socios estratégicos para avanzar en la transformación del modelo nacional de salud mental. Durante el encuentro se analizaron brechas estructurales del sistema, se revisaron avances normativos y se generaron insumos técnicos orientados a la transición hacia servicios comunitarios dignos y basados en derechos humanos, en coherencia con los estándares internacionales de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

El foro presentó un análisis técnico actualizado que incluyó avances legislativos relevantes, entre ellos la Iniciativa 6537: Ley para la Atención Integral de la Salud Mental, la cual cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Salud para su próxima discusión en el pleno del Congreso. En este espacio, la diputada Laura Marroquín compartió los avances legislativos y la importancia de fortalecer el marco normativo para consolidar una política de salud mental moderna y alineada a estándares internacionales.

Asimismo, la institución del Procurador de los Derechos Humanos presentó los resultados de supervisiones realizadas a los procesos de desinstitucionalización y el seguimiento de las Medidas Cautelares 370-12 emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La intervención subrayó la obligación del Estado de garantizar que las personas con discapacidad puedan vivir en la comunidad, en concordancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Durante la jornada se desarrollaron paneles técnicos integrados por expertos nacionales y regionales, así como por personas con experiencia vivida, cuya participación aportó evidencia fundamental para comprender brechas relativas a la accesibilidad, la persistencia de prácticas coercitivas, las limitaciones presupuestarias, los desafíos de gobernanza interinstitucional y la necesidad de fortalecer la articulación entre instituciones. En este espacio, la Dra. Miriam Canet, directora de Programas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, aportó la perspectiva operativa del MSPAS respecto a la reorganización de la red de servicios y la transición progresiva hacia modelos comunitarios. Por su parte, la Licda. Flor de María Salazar, subdirectora de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, destacó la relevancia de consolidar rutas institucionales, mecanismos de supervisión y procesos de articulación que aseguren el pleno respeto de los derechos humanos en el proceso de desinstitucionalización.

Las mesas de trabajo específicas del foro fueron lideradas por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, que coordinó la construcción de insumos técnicos orientados a la hoja de ruta interinstitucional. Este proceso contó con el acompañamiento y apoyo técnico de los asesores regionales de la OPS/OMS, Carmen Martínez y Olger González, quienes facilitaron la integración de propuestas relacionadas con la gobernanza, la reorganización de los servicios comunitarios, el fortalecimiento de capacidades, la protección de derechos humanos y los mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas.

Se destacó también el papel estratégico del sector justicia en la garantía de derechos, la revisión de prácticas institucionales y la creación de rutas y protocolos intersectoriales que aseguren una respuesta articulada, ética y respetuosa de la dignidad humana.

En sus palabras de apertura, la Dra. Ingrid García, Asesora de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS/OMS en Guatemala, señaló que el país atraviesa una coyuntura crítica para reorientar su modelo de atención hacia servicios comunitarios fundamentados en la recuperación y la inclusión. Subrayó la necesidad de fortalecer la capacidad resolutiva de la atención primaria, mejorar los sistemas de referencia y contrarreferencia, avanzar en la eliminación progresiva de prácticas coercitivas y consolidar servicios comunitarios sostenibles. También enfatizó que la participación activa y vinculante de las personas con experiencia vivida es esencial para la formulación de políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la población.

El evento contó con la participación de instituciones como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, la institución del Procurador de los Derechos Humanos, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la Secretaría Privada de la Presidencia, la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría contra la Violencia, Explotación y Trata de Personas, el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Cultura y Deportes, el Sistema Penitenciario y el Ministerio de Trabajo y Provisión Social, entre otras.

El foro representa un avance técnico significativo para Guatemala al fortalecer la articulación interinstitucional, alinear esfuerzos con los estándares internacionales y consolidar una visión nacional orientada a servicios comunitarios dignos y respetuosos de los derechos humanos. Los resultados obtenidos marcan un punto de inflexión para acelerar la modernización del sistema de salud mental y garantizar una atención más inclusiva, humana y centrada en la dignidad de las personas.