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Las consecuencias de las falsificaciones: pérdidas millonarias y 1.429 detenidos el pasado año

De un tiempo a esta parte, no es extraño encontrar a la venta productos falsificados en algunos puestos de los mercadillos que periódicamente se celebran en muchos de los municipios de nuestro país, en tiendas ubicadas en zonas turísticas, o en puntos de venta ambulante improvisados dentro de las concurridas estaciones de metro de las grandes ciudades españolas. Últimamente, se puede ver incluso a influencers promocionando este tipo de productos en distintas redes sociales.

No obstante, pese a lo extendido de esta conducta y su aparente normalización, lejos de ser un acto inocente o una mera alternativa más barata al producto original, la compraventa de falsificaciones constituye una actividad delictiva que acarrea graves consecuencias.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad requisaron el pasado año más de 7 millones de productos falsificados con un valor de mercado estimado de 694 millones de euros. Estas operaciones culminaron con un total de 1.429 personas detenidas o investigadas por delitos contra los derechos de propiedad industrial, según ha revelado hoy el Ministerio del Interior.

Las cifras, disponibles en el Portal Estadístico de la Criminalidad, revelan que el mayor porcentaje de productos falsificados intervenidos por los distintos cuerpos policiales de nuestro país, corresponde al sector de bebidas y comestibles, con un 26,5%. Se trata de un dato muy preocupante, puesto que el consumo de productos falsificados que no han sido supervisados por los controles de calidad necesarios y no se han sometido a las normas de fabricación que garantizan la seguridad alimentaria, supone un grave riesgo para la salud.

La industria de la moda, clave para la economía española, también se ve gravemente perjudicada por las falsificaciones, acumulando casi una quinta parte del total de incautaciones entre el sector textil, la marroquinería y los complementos. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés) estima unas pérdidas anuales, tan solo en nuestro país, superiores a los 1.200 millones de euros por este motivo, según los datos revelados por la organización el mes pasado.

La Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y las Islas Baleares son las comunidades autónomas donde se incautó el mayor número de productos. En cuanto a los puntos de incautación de la mercancía, la mayor cantidad de productos falsificados se localizó en naves, fábricas y almacenes (77,2 %), seguida de establecimientos comerciales (5,3 %) y domicilios (1,2 %).

Las infracciones de derechos de propiedad industrial tienen consecuencias muy negativas para la economía y la sociedad, dado que destruyen multitud de puestos de trabajo y reducen considerablemente la venta de productos legítimos. Además, el contrabando y la compraventa de falsificaciones está controlada mayoritariamente por organizaciones criminales que asocian esta actividad a la comisión de otros delitos graves, como la explotación laboral o el blanqueo de capitales.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha trasladado una vez más a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado su agradecimiento y su felicitación por la encomiable labor realizada y el éxito de los resultados obtenidos. De manera complementaria al imprescindible trabajo policial, la OEPM asume como prioridad estratégica la concienciación y sensibilización del conjunto de la ciudadanía sobre las nefastas consecuencias del fenómeno de las falsificaciones.