Estados Unidos: nuevos obstáculos para que los votos sean contabilizados

(Washington, DC) - El uso por parte de varios estados de Estados Unidos de una herramienta de verificación de la ciudadanía cuyos datos son inexactos e incompletos está creando nuevos obstáculos al derecho al voto a pocos días de las elecciones de mitad de mandato, señaló hoy Human Rights Watch. A finales de septiembre de 2026, el Tribunal Supremo dictaminó que, al menos por el momento, los estados podían utilizar esta herramienta, el Programa de Verificación Sistemática de Extranjería para Prestaciones (SAVE, por sus siglas en inglés), para revisar los registros de votantes y verificar su ciudadanía.

"El uso de la herramienta SAVE está creando nuevos obstáculos para algunos votantes", señaló Katherine La Puente, investigadora de Human Rights Watch sobre democracia en Estados Unidos. "Enviar cartas redactadas de forma poco clara justo cuando comenzaba la votación anticipada, u ofrecer papeletas únicamente para elecciones federales a algunos votantes registrados, podría tener un impacto discriminatorio en el ejercicio del derecho al voto".

En 2025, el Gobierno de Trump amplió el uso del problemático sistema en línea SAVE, que hasta entonces se había utilizado únicamente para prestaciones públicas y no había sido diseñado para comprobar si los votantes reúnen los requisitos para votar, con el fin de emplearlo también para ese propósito. Algunos estados han empezado a utilizar SAVE para comprobar si los votantes reúnen los requisitos para votar, y la reciente decisión del Tribunal Supremo ha permitido su uso en consultas individualizadas. La legislación federal no exige acreditar la ciudadanía para inscribirse como votante, pero algunos estados han aprobado leyes que sí exigen esta prueba para participar en elecciones estatales y locales, lo que ha dado lugar a sistemas electorales divididos.

En Utah, miles de votantes señalados por la base de datos SAVE recibieron cartas de notificación durante el verano y, en octubre, más de 4.000 de quienes no respondieron recibieron por correo papeletas que solo incluían elecciones federales.

En Dakota del Sur, casi 6.000 votantes han quedado clasificados en la categoría de "solo elecciones federales", al igual que 47.000 en Arizona. En Utah y Arizona, estas personas pueden presentar una prueba de ciudadanía y votar en persona el día de las elecciones, pero no pueden votar por correo, un método utilizado por la mayoría de los votantes.

En Carolina del Norte, unas cartas redactadas de forma poco clara y enviadas a 1.400 votantes registrados identificados mediante SAVE, en las que se les pedía que acreditaran su ciudadanía, podrían disuadir a algunas personas de acudir a votar.

A comienzos de 2026, Utah auditó sus registros electorales y determinó que no podía verificar la ciudadanía de más de 5.000 votantes registrados. El estado les envió cartas indicando que debían presentar documentación que acreditara su ciudadanía. Muchos eran votantes de mayor edad a quienes no se les había exigido esa documentación cuando se inscribieron. Menos de 2.000 han respondido. Los demás recibirán papeletas únicamente para cargos federales.

En Dakota del Sur, nuevas leyes estatales que exigen documentación que acredite la ciudadanía y el domicilio cuadruplicaron el número de votantes incluidos en la categoría de "solo elecciones federales", bien porque no presentaron prueba de ciudadanía o porque indicaron como domicilio un servicio de reenvío de correo o un apartado postal al registrarse. Los funcionarios electorales de los condados enviaron a estos votantes cartas de notificación que indicaban de forma incorrecta los motivos por los que había cambiado su condición en el registro electoral.

Después de que organizaciones defensoras del derecho al voto presentaran una demanda federal contra el estado, las autoridades emitieron avisos corregidos en septiembre. El portal en línea de información al votante de Dakota del Sur no indica si una persona está registrada únicamente para elecciones federales, y solo se permitieron cambios hasta el 19 de octubre, fecha límite de inscripción en el estado.

La Junta Electoral de Carolina del Norte envió cartas a casi 1.400 votantes registrados señalados a través de SAVE apenas dos días antes de que comenzara la votación anticipada, el 15 de octubre. Desde entonces, la Junta ha confirmado que todos los ciudadanos siguen teniendo derecho a votar mientras resuelve estas consultas, y organizaciones defensoras del derecho al voto han insistido en que todas las personas señaladas deberían poder votar. Sin embargo, quienes recibieron las cartas podrían pensar que no pueden hacerlo o encontrarse con problemas en los centros de votación.

En julio, a menos de un mes de las primarias de agosto, la directora de la División Electoral de Alaska reconoció en una audiencia legislativa que su oficina había enviado cartas a más de 3.000 votantes pidiéndoles que confirmaran su ciudadanía y los había marcado como inactivos. Aunque cientos de ellos han recuperado su inscripción, otros solo podrán votar mediante una papeleta sujeta a verificación, que únicamente se contabiliza una vez verificada la elegibilidad del votante.

A comienzos de 2026 entró en vigor en Ohio una nueva ley que obliga a la Secretaría de Estado a revisar al menos una vez al mes su base de datos de inscripción electoral y a ordenar a los responsables electorales que cancelen de inmediato la inscripción de cualquier persona señalada. Organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupación por que esto pueda provocar bajas erróneas del registro electoral poco antes de las elecciones: 75 personas fueron eliminadas en septiembre y 90 en octubre.

En Arizona, el registrador del condado de Maricopa identificó mediante SAVE a 207 votantes como "no habilitados" para votar. Esto significa que estas personas permanecerían inscritas, pero no recibirían papeletas por correo y tendrían que utilizar una papeleta provisional. De una revisión inicial de 60 de estos votantes, la Fiscalía del Condado de Maricopa determinó que al menos 52 eran ciudadanos. Sin embargo, el condado no restableció la condición de votantes habilitados de algunas de estas personas hasta que la fiscal general del estado presentó una demanda y se alcanzó un acuerdo. Arizona exige desde 2004 acreditar la ciudadanía para inscribirse como votante en elecciones estatales y locales. Clean Elections Arizona calcula que actualmente hay 47.000 votantes en esta categoría de "solo elecciones federales".

Las personas naturalizadas, quienes adquirieron automáticamente la ciudadanía durante la infancia al naturalizarse sus padres, los ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero y las personas que no tienen fácil acceso a documentación corren un riesgo especialmente elevado como consecuencia de estas medidas. A menudo, quienes obtuvieron la ciudadanía a través de la naturalización de uno de sus progenitores o por haber nacido en el extranjero no tienen acceso a los documentos originales que acreditan su situación, ya que los obtuvieron cuando eran menores.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Estados Unidos, obliga a los gobiernos a garantizar el derecho al voto sin restricciones irrazonables ni discriminación. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial exige a Estados Unidos eliminar la discriminación racial y garantizar el derecho al voto "sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico".

En sus observaciones finales tras examinar a Estados Unidos en 2022, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó preocupación por prácticas que "restringen el ejercicio del derecho al voto y tienen un impacto desproporcionado en las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas, las personas de origen hispano/latino y otras minorías étnicas", y señaló que Estados Unidos debería "facilitar el acceso al voto y eliminar las restricciones irrazonables al ejercicio del derecho al voto".

Una encuesta del Brennan Center determinó que más del 9 % de las personas encuestadas no disponía de una prueba de ciudadanía fácilmente accesible, lo que equivaldría a 21,3 millones de personas en todo el país si los resultados fueran representativos. Un estudio del Center for American Progress determinó que menos de la mitad de los ciudadanos estadounidenses tenían un pasaporte estadounidense válido en 2024. Las comunidades racializadas, la población inmigrante, las personas con bajos ingresos y las personas mayores tienen menosprobabilidades de disponer de documentos de identidad como pasaportes o certificados de nacimiento.

No existen pruebas de que personas no ciudadanas voten ilegalmente de forma generalizada en las elecciones de Estados Unidos, y afirmaciones de este tipo han sido refutadas en otros estados, como Nevada y Misuri. Según informó CBS News, desde enero de 2025 se había acusado en todo el país a 156 personas de delitos relacionados con fraude electoral, de un total aproximado de 227 millones de votantes registrados.

Otras declaraciones y actuaciones del Gobierno de Trump en el periodo previo a las elecciones también podrían disuadir a algunas personas de votar. En varios estados, agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han interrogado a personas en sus domicilios sobre su situación migratoria y su historial de voto, aunque recientemente un juez restringió estas operaciones en nueve estados. Ni el presidente Donald Trump ni los responsables del DHS y de la Oficina Federal de Investigaciones han querido descartar la posibilidad de que agentes federales, incluidos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), estén presentes en los centros de votación.

"Las autoridades electorales deberían adoptar medidas para eliminar los obstáculos al voto y garantizar que los votantes se sientan seguros de acurdir a las urnas con confianza", señaló La Puente.