Golpe a tierreros en Usme: desmontan red de postes usada para vender lotes en zona protegida

En una nueva ofensiva contra el urbanismo ilegal, se demontó una red de postes instalada de manera irregular en el paisaje sostenible agroparque El Uval - La Requilina, de Usme, que era utilizada por redes de tierreros para engañar a compradores con la falsa promesa de servicios públicos.

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Durante el operativo interinstitucional que se extendió por más de ocho horas, fueron retirados 15 postes que suministraban energía a ocupaciones ilegales y que servían como parte de una estrategia para simular condiciones aptas para la venta de lotes.

La intervención contó con la Secretaría Distrital de Seguridad, la Alcaldía Local de Usme, las secretarías de Gobierno, Hábitat y Ambiente, la Policía Metropolitana de Bogotá, el Ejército Nacional y la empresa de energía Enel.

De acuerdo con las autoridades, algunos postes habrían sido hurtados de redes de energía o telecomunicaciones y estaban siendo utilizados para alimentar conexiones eléctricas clandestinas en predios donde está prohibido construir, por tratarse de una zona ambiental de especial protección.

Estas conexiones no solo respaldaban las ocupaciones ilegales, sino que también estaban afectando a fincas cercanas que presentaban constantes fallas y bajones en el servicio de energía debido a la sobrecarga de las redes irregulares.

De acuerdo con la Policía, la instalación de postes, cercas y otras adecuaciones hacía parte de una estrategia para dar apariencia de legalidad a los terrenos y así facilitar su comercialización fraudulenta.

"No vamos a permitir que estos delincuentes sigan engañando a familias humildes ni destruyendo zonas de protección ambiental. Aquí estamos desmontando no solo postes, sino un modelo criminal que busca lucrarse vendiendo falsas expectativas de vivienda en terrenos donde está prohibido construir", afirmó el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Las denuncias señalan que en este sector se estarían ofreciendo cerca de 200 lotes, con precios entre 18 y 22 millones de pesos, pese a que se trata de un área protegida donde no está permitido el desarrollo urbanístico.

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Durante la jornada también fueron desmontadas dos ocupaciones ilegales, se retiraron cercados utilizados para delimitar predios y se recogieron 45 metros cúbicos de residuos de construcción y demolición, empleados para adecuar los terrenos.