El periodista de investigación chileno y excorresponsal de RSF entre 2012 y 2016, Mauricio Weibel, fue espiado ilegalmente en 2017 mientras investigaba fraudes millonarios relacionados con la compra de armamento y los fondos reservados del Ministerio de Defensa. Sus investigaciones permitieron al Estado chileno recuperar cerca de 4.500 millones de dólares (aproximadamente 4.000 millones de euros) y dieron lugar a la apertura de procesos penales contra cientos de militares. La operación, conocida como "Operación W", utilizó órdenes judiciales falsas para interceptar ilegalmente sus comunicaciones.

Para ocultar que el objetivo era un periodista, la orden judicial incluía el número de teléfono de Mauricio Weibel, pero bajo la identidad de una mujer boliviana falsamente acusada de ser una agente extranjera. Tras seis años de investigación, el exjuez Juan Antonio Poblete y el exdirector de Inteligencia del Ejército, el general en retiro Shafik Nazal, reconocieron los hechos en el marco de un procedimiento abreviado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Tras conocerse la sentencia, Mauricio Weibel declaró a los medios de comunicación que esta decisión enviaba un mensaje "no solo a Chile, sino también al mundo entero", recordando que quienes ejercen el periodismo de investigación "no pueden ser atacados, investigados ni perseguidos" por revelar información de interés público.

Durante la audiencia, la fiscal Ximena Chong subrayó que la Ley de Inteligencia solo autoriza medidas intrusivas dentro de límites estrictos, vinculados a la seguridad nacional o a la lucha contra el crimen organizado. Cuando esas facultades se utilizan con otros fines -especialmente para obtener información sobre periodistas-, deben ser objeto de investigación y sanción.