El Gobierno inicia un proceso de regularización extraordinaria de extranjeros que ya viven en España

El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente de un real decreto para llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España. El objetivo es ofrecer a ese colectivo la oportunidad "de vivir con igualdad de derechos", así como responder a "una realidad que existe en nuestras calles y tiene impacto en la convivencia, el bienestar y la economía", según ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

La medida -ha añadido Saiz- ha sido "largamente trabajada y dialogada" y retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular que fue respaldada con más de 700.000 firmas y tomada en consideración por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados. Se enmarca, además, en el Plan de Integración y Convivencia Intercultural que verá la luz próximamente. "Es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social", ha defendido la ministra.

Requisitos y trámites de la regularización extraordinaria

El proceso se dirige a las personas extranjeras que llevaran al menos 5 meses en España antes del 31 de diciembre del año 2025. También podrán acogerse a la regularización los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado la solicitud antes de esa misma fecha. Otro requisito indispensable es carecer de antecedentes penales.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha detallado que los beneficiarios de la regularización podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, esas personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de la Ley de Extranjería, "lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema", según ha sostenido Elma Saiz. La ministra ha añadido que el Ejecutivo prevé que las solicitudes se empiecen a presentar a principios de abril, una vez cumplidos los trámites preceptivos en la tramitación del real decreto, y que el proceso esté abierto hasta el próximo 30 de junio.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.| Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

La admisión a trámite de la solicitud permitirá trabajar de manera provisional en cualquier sector y lugar de España. "Esto beneficia al trabajador, que gana derechos, pero también a las empresas, que ganan seguridad jurídica", ha manifestado Saiz. Otra clave de la medida es la protección a las familias: el proceso permitirá regularizar simultáneamente a los hijos y las hijas menores de los solicitantes que estén en España; en este caso, el permiso será de 5 años.

La portavoz del Gobierno ha recordado que "gobiernos de distintos colores" han realizado regularizaciones extraordinarias desde el año 1986: "Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado".

Medidas de apoyo a los afectados por los accidentes de Adamuz y Gelida

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, que recoge acciones por un importe total de 20 millones de euros.

El titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha trasladado que se destinarán 10 millones de euros a ayudas inmediatas a las víctimas y otros 10 millones como adelanto de parte de las indemnizaciones correspondientes al seguro de responsabilidad civil, que se sumarán a los mecanismos existentes que reconocen el derecho de las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares a una asistencia integral. Las ayudas se abonarán en un pago único y estarán exentas de tributación.

El ministro ha señalado que esos planes de atención, seguros obligatorios, coberturas y garantías establecidas tanto en la normativa nacional como en la europea se seguirán aplicando, si bien ha reconocido que "los procedimientos ordinarios y los tiempos judicial no siempre responden a la urgencia vital de quienes han sufrido una tragedia como esta".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.| Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

Con el fin de acelerar la percepción de las ayudas, Puente ha subrayado que la norma aprobada hoy "nace de una convicción muy clara: ante una tragedia de esta magnitud, el Estado no puede limitarse a los tiempos ordinarios, debe estar presente, debe anticiparse y debe actuar con humanidad". "Las víctimas no pueden esperar, como ha sucedido en accidentes pasados, años para recibir apoyo económico que les permita afrontar gastos médicos, tratamientos psicológicos, desplazamientos, cuidados continuados o la reorganización completa de su propia vida cotidiana", ha agregado.

Óscar Puente ha detallado que la ayuda directa en caso de fallecimiento es de algo más de 72.000 euros, que el Gobierno abonará inmediatamente en concepto de indemnización a fondo perdido, y de otros 72.000 euros en concepto de anticipo de seguro. En los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que van desde los 2.400 euros hasta más de 84.000.

"No se trata de poner precio al dolor, eso es imposible. Se trata de garantizar que ninguna víctima ni ningún familiar tenga que afrontar, además de una tragedia personal, una situación angustiosa económica o de desamparo institucional", ha remarcado el ministro.

La norma, según ha reiterado Puente, supone un compromiso con los fallecidos, los heridos y sus familias: "La rapidez en la respuesta institucional no solo es una cuestión administrativa, es una forma de cuidar, de acompañar y de decir con hechos, y no solo con palabras, que las víctimas y las familias no están solas y que las instituciones estamos a su lado".

Por otra parte, el ministro ha anunciado que se iniciarán las modificaciones normativas que articulen un mecanismo estructural de intervención pública para que el Estado pueda sumir, con carácter anticipado, el abono de un porcentaje de las indemnizaciones correspondientes a los daños personales derivados de los accidentes de transporte colectivo, sin perjuicio de la posterior determinación de responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas responsables.

Compromiso con la transparencia

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Óscar Puente ha trasladado, en nombre del Gobierno, su cariño a las víctimas y los afectados por los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y ha remarcado que seguirá dando las explicaciones necesarias sobre los accidentes con transparencia. Además, ha mantenido que el Ejecutivo seguirá trabajando para "esclarecer lo ocurrido y reforzar la seguridad ferroviaria".

Atención integral a las víctimas

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.| Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

Por su parte, Elma Saiz ha reiterado que el Ejecutivo "va a estar al lado de las víctimas en todo momento y durante el tiempo que sea necesario". La portavoz del Ejecutivo ha apuntado que las personas afectadas serán atendidas de manera prioritaria en los canales especialmente habilitados por la Seguridad Social, como son el teléfono 900103535 y el buzón [email protected], así como en los teléfonos habituales (el 915421176 y el 901166565). También pueden realizar gestiones sobre prestaciones en la web.

Además, el Ministerio de Política Territorial ha habilitado líneas de atención a las víctimas con la apertura, a partir de mañana, de las oficinas de atención integral en la Subdelegación del Gobierno de Huelva y también en Barcelona. Las personas afectadas cuentan igualmente con el servicio "La Administración cerca de ti" para que, si así lo desean, sean los profesionales de las delegaciones quienes acudan a su domicilio para ayudarlas en la tramitación de las ayudas.

Servicio integral de seguimiento de maltratadores

El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y las penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha recordado que el contrato actual se inició en noviembre de 2023 y concluirá el 6 mayo de este año y que el servicio es gestionado por una Unión Temporal de Empresas de Vodafone con Securitas España. Tras el cambio de plataforma en 2023, según ha apuntado, se produjeron "distintas disfunciones en cuanto a la itinerancia de datos". Esas disfunciones fueron incorporadas a la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024, que hacía referencia a un número importante de sobreseimientos y órdenes de absolución de algunos maltratadores. La titular de Igualdad ha asegurado que en el Ministerio todavía están a la espera de conocer esas sentencias, pero que, en cualquier caso, eran conscientes de la necesidad de mejorar el contrato e incorporar las propuestas de las investigaciones internas y de la auditoría externa. "Es evidente que la tecnología puede fallar, pero lo que no puede fallar es la respuesta de un Gobierno responsable", ha sostenido.

Mayor seguridad para las víctimas

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Entre las mejoras del contrato, la titular de Igualdad ha señalado su cuantía y duración: si el servicio actual se licitó por 50,1 millones de euros y 30 meses, el nuevo cuenta con un presupuesto de 71,3 millones para 3 años (ampliable hasta los 111 millones si se ejecutan las prórrogas y se extiende hasta los 5 años).

En cuanto a los dispositivos de seguimiento, el contrato incrementa el número disponible, lo que permitirá cambiar en un máximo de 24 horas aquellos que sean manipulados o que presenten cualquier tiempo de disfunción. Ana Redondo ha explicado que se va a apostar por un dispositivo de tobillera que, según los técnicos, es más fiable y menos manipulable que los brazaletes. Además, el sistema incluye una tarjeta eSIM para los móviles de las víctimas y de los agresores que no se podrá extraer, lo que facilitará la geolocalización. También se ha mejorado la duración de las baterías, como planteaban las víctimas para disponer de más autonomía.

Un segundo grupo de mejoras se refiere a la Sala Cometa, el centro de control y gestión de los medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación a las víctimas. Si el contrato actual comenzó con 70 operadoras, el nuevo exigirá un mínimo de 151, y esa plantilla contará además con responsables de coordinación de los recursos materiales y de la relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otras instituciones, y con LexNET (la plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y diversos operadores jurídicos).

La ministra de Igualdad ha resaltado, por último, las mejoras relativas al seguimiento del contrato: se refuerza el plan de contingencia, se incorpora personal de apoyo psicológico para los trabajadores del operativo Cometa y se exige a la empresa adjudicataria que incorpore todas las innovaciones que se puedan producir durante la vigencia del contrato.

Otros acuerdos: terapias avanzadas y centenario del 27

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.| Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez

El Consejo de Ministros ha elegido el municipio de Majadahonda (Comunidad de Madrid) como sede principal del Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos y de Terapias Avanzadas (Certera): la dirección científica se ubicará en Barcelona. La portavoz del Ejecutivo ha resaltado que la determinación de las sedes es resultado de un proceso objetivo, competitivo y transparente y que España es líder en terapias avanzadas por participación pública e inversión privada. Certera cuenta con 43 centros de investigación sanitaria repartidos por 14 comunidades autónomas.

Además, el Ejecutivo ha creado la Comisión Nacional para la conmemoración del centenario de la Generación del 27, que impulsará y coordinará actividades en torno a esta efeméride en todo el país.

Asuntos de actualidad: bajada del paro

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno ha resaltado la Encuesta de Población Activa correspondiente al cuarto trimestre de 2025, que se ha conocido hoy. Según el Instituto Nacional de Estadística, por primera vez en 18 años, el paro baja del 10% y la cifra de ocupados alcanza los 22,5 millones de personas. "Son datos que indican el buen momento de nuestra economía y suponen un éxito de país", ha asegurado.