Defensa Pública del MINJUSDH garantiza acceso a la justicia para más de 579 000 ciudadanos

Actualmente se cuenta con 2217 defensores públicos a nivel nacional, pero se mantiene una alta demanda por este servicio especializado.

Entre enero a abril de 2026, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través de la Dirección de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, brindó 579 138 atenciones, entre consultas y patrocinios, a ciudadanos de diferentes regiones del país. De esta forma, reafirma su papel fundamental en la protección del derecho de defensa y el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.

Actualmente, a nivel nacional, la institución cuenta con 2 217 defensores públicos de víctimas, asistencia legal y penal, a nivel nacional, quienes brindan orientación legal gratuita especializada y patrocinios, en estricto cumplimiento de la Constitución y de los compromisos internacionales asumidos por el Perú en materia de derechos humanos; sin embargo, no es suficiente para cubrir la creciente demanda.

Solo en el mes de abril, estos profesionales atendieron 70,989 nuevas consultas y patrocinios, lo que representa un promedio de 32 casos nuevos por defensor, lo que demuestra la alta demanda y la necesidad de fortalecer el servicio con personal especializado.

Frente al avance de la criminalidad organizada, el Estado peruano viene implementando el Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos (SEEDC), una estrategia que demanda la participación de defensores públicos altamente capacitados para intervenir en procesos complejos relacionados con extorsión, sicariato, secuestro y organización criminal.

La participación de una defensa técnica especializada es fundamental para garantizar el debido proceso y la validez de las actuaciones judiciales. En determinados casos, algunos investigados no designan una defensa particular o recurren a estrategias que generan retrasos procesales. Trente a ello, la intervención de la Defensa Pública asegura la continuidad del proceso, evita nulidades y contribuye a que las investigaciones y decisiones judiciales se desarrollen con eficacia y dentro del marco legal.

El MINJUSDH destacó que el fortalecimiento de la Defensa Pública constituye una inversión estratégica para mejorar la eficiencia del sistema de justicia y garantizar que todas las personas, sin distinción, accedan a una defensa técnica adecuada, condición indispensable para una justicia transparente, legal y respetuosa de los derechos fundamentales.