01/09/2026 | Press release | Distributed by Public on 01/09/2026 12:46
A solo ocho días del comienzo del año, México vuelve a ser escenario de un crímen contra un periodista tras el asesinato de Carlos Castro en Poza Rica. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) repudia el asesinato del colega y demanda a las autoridades investigaciones exhaustivas que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
Crédito: Red Nacional en Memoria y Lucha de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos
El periodista Carlos Castro fue asesinado ayer, 8 de enero de 2026 en la ciudad de Poza Rica, estado de Veracruz. Castro, de 26 años, se desempeñaba como director del portal Código Norte Veracruz y como reportero especializado en la cobertura de seguridad y nota policiaca cuando fue atacado a balazos por sujetos armados dentro de un restaurante en el que se encontraba acompañado de familiares. Hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con el caso.
De acuerdo con medios locales, compañeros y organizaciones de protección a la libertad de expresión afirmaron que Castro había recibido amenazas previas por su trabajo, y que contaba con medidas de protección otorgadas por la Comisión Estatal de Atención y Protección para los Periodistas (CEAPP). Las mismas habían sido retiradas meses antes del crimen porque el periodista ya no vivía en el Estado de Veracruz, información que fue confirmada por la secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez.
Este hecho se produce en un contexto en el que México continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para la labor periodística, en donde la impunidad alienta la repetición. En la última década, casi un centenar de trabajadorxs de los medios de comunicación fueron asesinadxs en el país. De acuerdo al monitoreo de la FIP, este es el primer caso de un periodista asesinado a nivel global en 2026.
La FIP reitera que es indispensable que las autoridades mexicanas realicen una investigación pronta, exhaustiva e independiente en el marco del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, que incluya a la labor informativa como línea de investigación, y que garantice que los autores materiales e intelectuales del asesinato de Carlos Castro sean identificados y sancionados. Asimismo, la organización exige que se fortalezcan y efectivicen los mecanismos de protección para periodistas ante amenazas, y que se implementen políticas públicas que frenen el clima de violencia que enfrenta el periodismo en el país.