RSF - Reporters sans frontières
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03/04/2026 | Press release | Archived content
Lucha contra la impunidad en Perú: asesino condenado del periodista Hugo Bustíos queda en libertad tras alarmante giro político
Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresa su profunda preocupación tras una decisión del Tribunal Constitucional del Perú que llevó a la liberación, el 3 de marzo, de un oficial militar retirado que había sido condenado a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. La sentencia en su contra fue anulada con base en una nueva ley que afecta el plazo de prescripción para procesar este crimen, y ahora el condenado planea regresar a la política después de haber cumplido apenas tres años de prisión. Se trata de un grave retroceso legal que amenaza con permitir que la impunidad prevalezca en uno de los crímenes más emblemáticos contra un periodista en el país.
El 3 de marzo de 2026, el exministro y militar retirado Daniel Urresti, quien había sido condenado a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, recuperó su libertad.Tras su liberación, Urresti reapareció públicamente y anunció a la prensa su regresoa la política. El 6 de febrero de 2026, el Tribunal Constitucional anulósu sentencia y ordenó su liberación aplicando la Ley 32107, promulgada en agosto de 2024, que limita la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos en Perú. Antes y justo después de la promulgación de la ley, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que esta normativa contraviene obligaciones internacionales y representa un grave retroceso para los derechos fundamentales en Perú.
El 24 de noviembre de 1988, Hugo Bustíos, corresponsal de la revista semanal Caretas en Ayacucho, fue asesinado en la provincia de Huanta, una de las zonas más afectadas por la violencia durante el conflicto armado interno entre el gobierno peruano y un grupo terrorista maoísta. El periodista fue abatido a tiros por soldados cuando se dirigía a cubrir un crimen perpetrado por el grupo terrorista; posteriormente hicieron estallar su cuerpo con un explosivo. Después de que un primer juicio fuera anulado en 2023, Daniel Urresti -quien era agente de inteligencia del ejército en la región en el momento del crimen- fue declarado culpable del asesinato en un segundo juicio en abril de 2023 y recibió una condena de 12 años de prisión. En agosto de 2024, la Corte Suprema confirmó la sentencia en apelación.
"Anular una sentencia justa que garantizaba justicia por el asesinato de un periodista y liberar al perpetrador condenado envía un mensaje devastador. Señala que se puede matar a un reportero sin consecuencias. La Ley 32107 contradice directamente los estándares internacionales que obligan a los Estados a investigar, procesar y castigar graves violaciones de derechos humanos, independientemente del tiempo transcurrido. RSF insta al poder judicial y al Ministerio de Justicia de Perú a rectificar esta situación y evitar que el asesinato de Hugo Bustíos quede impune. También instamos al Congreso y al Ministerio Público a revisar el marco legal vigente para asegurar que los plazos de prescripción no se conviertan en un mecanismo para cerrar casos que involucren graves violaciones de derechos humanos.
Artur Romeu
Director, RSF América Latina
Un retroceso alarmante
La Ley 32107, promulgada en 2024, establece que los crímenes de lesa humanidad solo pueden considerarse como tales si ocurrieron después de 2003, cuando el Estatuto de Roma entró en vigor en Perú. El Tribunal Constitucional adoptó este razonamiento y concluyó que, dado que el asesinato de Hugo Bustíos ocurrió en 1988, no podía clasificarse como un crimen de lesa humanidad según lo definido por el Estatuto de Roma, y debía ser tratado en cambio bajo el código penal del país, que establece un plazo de prescripción de 20 años para el procesamiento de delitos.
La decisión del Tribunal Constitucional es altamente preocupante porque un tribunal penal especializado aún no ha emitido un fallo sobre la aplicación del plazo de prescripción en este caso. La actuación del Tribunal Constitucional ha socavado el debido proceso y ha creado incertidumbre jurídica.
Publicado el04.03.2026
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