Perú: Recrudecimiento de los ataques contra periodistas de investigación

En septiembre de 2025, ocho periodistas de investigación fueron sometidos a seguimiento, procesos judicialesy solicitudes de interceptaciónde sus comunicaciones por parte de agentes de la policía, altos funcionarios del Estado y figuras políticas, en represalia por su trabajo. Todos ellos revelaron casos de corrupción que involucran a la presidenta Dina Boluarte, a su hermano Nicanor Boluarte y al actual ministro de Justicia Juan José Santiváñez. Estos ataques no son hechos aislados, sino que forman parte de una estrategia por quienes detentan el poder para desacreditar, hostigar y criminalizar a los periodistas que investigan la corrupción en las más altas esferas.

Vigilancia y amenazas

El 3 de septiembre, el coronel retirado Harvey Colchado, quien dirigió importantes operaciones anticorrupción antes de ser retirado de su cargo en circunstancias controvertidas, denunció públicamenteestos obstáculos. En una conferencia de prensa, confirmó que agentes de inteligencia policial vigilaban a periodistas como preludio de posibles ataques. La periodista Karla Ramírez Camarena, responsable de la unidad de investigación del programa informativo Panoramaen Panamericana TV, fue señalada como objetivo por el coronel retirado. El 31 de agosto, ella misma había denunciadoen un video publicado en sus redes sociales que era víctima de amenazas de ataques disfrazados de agresiones callejeras, tras haber revelado vínculos de corrupciónque involucraban al ministro de Justicia Santiváñez, a Nicanor Boluarte y a policías.

El 10 de septiembre, el director del portal de investigación IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, reconocido periodista de investigación en Perú, fue objeto de difamaciones y amenazas de muertepor parte del alcalde de Lima y candidato presidencial para 2026, Rafael López Aliaga. Gorriti es conocido por revelar el caso Lava Jato-Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más importantes de la última década, que involucró a políticos y a la constructora brasileña Odebrecht. En 2022, también informó que Rafael López Aliaga estaba siendo investigado por lavado de dinero.

Solicitudes de levantamiento del secreto de las comunicaciones

El 4 de septiembre, un fiscal adscrito al Ministerio de Justicia solicitó el levantamiento del secreto de las comunicacionesde dos periodistas que habían revelado casos de corrupción relacionados con el entorno de la presidenta. Se trata del periodista de Latina Noticias Rodrigo Cruz Arana, quien reveló que el vehículo presidencial había sido usado para la fuga de un político prófugo y quien investigó a Nicanor Boluarte en el llamado caso del "Cofre". También está bajo la mira el periodista César Prado Malca, tras investigar y publicar en IDL-Reporterosartículos sobre redes de corrupción vinculadas a la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides y a la infiltración de organizaciones criminales en el sistema judicial. La fiscalía aceptó esta solicitud, aumentando el riesgo de que los jueces autoricen pronto el acceso a las comunicaciones de estos periodistas, lo cual constituiría una violación directa a la libertad de prensa.

Criminalización mediante denuncias infundadas

En julio de 2025, el actual ministro de Justicia Juan José Santiváñez, que en ese momento era jefe de la oficina intergubernamental de vigilancia, acusóa tres periodistas del canal Latina TVde haberlo "espiado". Aunque el caso fue inicialmente archivado por falta de pruebas, tras asumir el ministerio en agosto, Santiváñez apeló y logró que la investigación se reabriera en septiembre. Como consecuencia, cuatro periodistas del programa Punto Finalestán ahora bajo investigación, sometidos a vigilancia y víctimas de procesos judiciales abusivos: la conductora Mónica Delta, el productor Juan Subauste, el periodista de investigación Carlos Hidalgoy el camarógrafo Jorge Rodríguez.

Perú ocupa el puesto 130 entre 180 países y territorios en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensaelaborada por RSF en 2025.