Comisión de Seguridad Integral recibe aportes de expertos en torno al proyecto de Ley Antimafias

Viernes, 21 de agosto del 2026 - 17:52 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Este viernes 21 de agosto, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral recibió los criterios de varios expertos en materia penal, societaria y financiera, en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, denominado Ley Antimafias, de iniciativa de la presidenta Mishel Mancheno.

En este contexto, Aquiles Hervas, docente universitario y experto en antropología, recordó que Ecuador ya no enfrenta solamente un problema delincuencial, sino un proceso de consolidación de nodos estratégicos de las mafias. De allí nace la necesidad de enfrentar esta problemática no solo desde la legislación penal, sino también mediante la identificación y desarticulación de las economías, la logística y la infraestructura que dan soporte a estas organizaciones.

Añadió que, si bien son importantes la captura de cabecillas de las organizaciones delincuenciales, la incautación de drogas y otras acciones que constituyen un perjuicio temporal para este tipo de estructuras, es fundamental avanzar hacia la determinación de los nexos con redes de financiamiento, logística e infraestructura, así como de los mecanismos de captura del Estado, entre ellos, el control de las cárceles por parte de las bandas criminales y, por supuesto, la compra de impunidad.

Por su parte, María del Mar Gallegos, especialista en derecho penal, sugirió que se defina con mayor precisión la responsabilidad penal de las personas jurídicas y se diferencie de la responsabilidad de la persona natural que participa en la comisión de un delito, ya que cada tipo de responsabilidad tiene carácter autónomo.

En torno a la pertenencia funcional de una persona a una estructura delincuencial, la experta planteó que se reemplace la frase "cierto tiempo" por "un tiempo reiterado", pues este podría ser el elemento que determine la pertenencia consciente a una estructura delictiva. Esto, en referencia a aquellas personas que conocen las actividades ilícitas y participan en ellas o coadyuvan a su consumación.

Diego Guarderas, también abogado penalista, planteó que se revisen algunas disposiciones del proyecto para que guarden relación con las garantías constitucionales del debido proceso y la presunción de inocencia, así como con el desarrollo jurisprudencial de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación de medidas cautelares. En el caso de la prisión preventiva, señaló que esta no debe convertirse en una sentencia anticipada para una persona sospechosa de haber incurrido en una conducta penal.

Por otra parte, Santiago Acurio, docente de la Universidad Católica del Ecuador, presentó 17 observaciones enfocadas en la tipificación de la "pertenencia funcional", la prisión preventiva, la cooperación internacional y las garantías del debido proceso.

Sobre la "pertenencia funcional", observó que la redacción propuesta podría ser demasiado amplia y afectar los principios de legalidad y seguridad jurídica, por lo que planteó delimitar de forma taxativa las conductas sancionables. Respecto de la prisión preventiva, cuestionó que se traslade a la defensa la carga de demostrar que las medidas alternativas son insuficientes, pues esto podría afectar la presunción de inocencia y el carácter excepcional de esta medida.

Finalmente, destacó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado y mencionó, como referencia, la colaboración de Italia con Ecuador. Además, señaló que el proyecto es necesario, pero que su aplicación debe garantizar el debido proceso y la independencia judicial, evitando excesos.

EG-JC