Justicia y las comunidades autónomas ultiman la activación de los tribunales de instancia a principios de año

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presidido la Conferencia Sectorial de Justicia, celebrada por videoconferencia. En la reunión, el ministro ha presentado los primeros datos de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ya está ofreciendo resultados tangibles en la agilización de procedimientos, uno de sus principales objetivos.

La norma, en vigor desde el pasado mes de abril, ha logrado reducir los actos de comunicación pendientes (notificaciones, requerimientos, etc.) un 36% de media en las comunidades analizadas. También ha demostrado su efectividad en la agilización de las ejecuciones de sentencias, con reducciones de las ejecutorias pendientes, en algunos territorios, de hasta un 69%.

Además, los ciudadanos han realizado ya casi 98.400 trámites judiciales en las Oficinas de Justicia en el Municipio, desde su creación en el mes de junio. Antes no existía la posibilidad de llevar a cabo estas actuaciones telemáticamente desde cualquier municipio.

Acuerdo por unanimidad

En el encuentro, que se ha desarrollado en un clima de cordialidad, las comunidades autónomas y el Ministerio han compartido el gran esfuerzo y excelente trabajo realizado hasta ahora y se ha abordado el trabajo realizado para la tercera y última fase de implementación de la Ley, prevista para el próximo 31 de diciembre. Una fase que implica la entrada en funcionamiento de 100 Tribunales de Instancia en los grandes partidos judiciales como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Palma o Valladolid.

En este sentido, han acordado por unanimidad que las oficinas judiciales que darán apoyo técnico a todos los tribunales de instancia de las grandes ciudades entrarán en funcionamiento a partir del 31 de diciembre, salvo en Oviedo, Gijón y Avilés, que lo harán el 15 de febrero, con el fin de permitir a estos partidos judiciales llevar a cabo los últimos ajustes técnicos.

Asimismo, el Ministerio y las comunidades autónomas han acordado también por unanimidad dotar de cierta flexibilidad a todos los partidos judiciales de tal manera que la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva en función de las necesidades organizativas y de cargas de trabajo, sin afectar, en ningún caso, al servicio público de justicia que se presta a la ciudadanía. En todo caso, los medios personales y materiales están ya a disposición de los tribunales de instancia.

La Ley de Eficiencia supone la mayor reforma estructural de la Justicia en décadas y su objetivo es convertirla en un servicio público más ágil, moderno y cercano a la ciudadanía.

Más agilidad y menos litigios

La ley introduce una reforma organizativa que moderniza una planta judicial diseñada en el siglo XIX: transforma los tradicionales juzgados unipersonales (3.800) en 431 Tribunales de Instancia, órganos colegiados donde los jueces se dividen en secciones especializadas (civil, penal, violencia sobre la mujer, etc.) y cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico. Esto permite una mayor agilidad porque se optimizan recursos, se reparten mejor las cargas de trabajo y se logra una mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades.

Tal y como preveía la ley, más de 300 Tribunales de Instancia ya han entrado en funcionamiento durante este año sin incidencias destacables y el Ministerio ya ha podido evaluar sus primeros resultados. En Andalucía, la pendencia de los actos de comunicación se ha reducido un 43,8%, en la Comunitat Valenciana un 34% y en las Islas Canarias un 22%. La media de las 7 comunidades de las que se disponen datos es del 36%.

La evaluación del Ministerio también constata una agilización en la ejecución de sentencias. En Andalucía la reducción de las ejecuciones pendientes de admisión alcanza el 69%, en Castilla-La Mancha el 55%, en Catalunya y Comunitat Valenciana el 27% y en la Región de Murcia el 15%. La media de las comunidades estudiadas es del 30%. (Datos de los Tribunales de Instancia en funcionamiento desde el 1 de julio facilitados por los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia).

Reducción de casos

Por otro lado, la Ley de Eficiencia incluye un cambio procesal clave para reducir los litigios, fomentar la cultura del diálogo entre las partes y agilizar la tramitación de conflictos. Se trata de la obligación de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier proceso judicial.

En este sentido la ley también demuestra los primeros resultados positivos. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en el tercer trimestre del año se registró un descenso del 30,9% en la cifra de nuevos litigios en la jurisdicción civil en toda España.

Una implementación coordinada

Desde que arrancó la implementación de la ley, el grupo de trabajo técnico creado por el Ministerio con las comunidades autónomas ha mantenido 27 reuniones de seguimiento y coordinación, y también se han celebrado siete Comisiones Sectoriales a lo largo del año. El Ministerio también ha organizado un amplio plan de formación sobre la nueva norma para jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, así como un programa de sensibilización para operadores jurídicos con decenas de sesiones celebradas por todo el territorio. Se han celebrado 280 sesiones informativas sobre los tribunales de instancia, 305 cursos de formación en digitalización con más de 15.000 matriculados, y una Jornada de Directores de Servicios Comunes con cerca de 300 asistentes.

En cuanto a la financiación, el Ministerio ha realizado una inversión que supera los 325 millones de euros, procedentes de fondos europeos, en las 12 comunidades con la competencia de Justicia transferida. Además, cabe recordar que la Ley de Eficiencia supondrá un ahorro de cerca de 300 millones de euros en los próximos 10 años en las 12 comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia.

Esta reforma, trabajada durante lustros en el Ministerio, supone la mayor transformación de la Justicia desde el siglo XIX. Una mejora conseguida gracias al compromiso de todos: comunidades autónomas, jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios de Justicia, entre otros.