Se exige justicia tras el ataque a trabajadoras sexuales trans en Argentina

Una brutal agresión contra trabajadoras sexuales trans en Buenos Aires generó indignación en Argentina y revivió el debate sobre la violencia motivada por el odio, así como la responsabilidad de las autoridades de proteger a las personas expuestas a la discriminación.

En las redes sociales circularon imágenes del ataque ocurrido el 1 de noviembre, en el que un grupo de jóvenes insultó con expresiones transfóbicas a las trabajadoras sexuales en los Bosques de Palermo, las persiguió y las golpeó con palos, botellas y otros objetos. Varias mujeres resultaron heridas.

Aunque el trabajo sexual consentido entre adultos no es un delito según la legislación nacional argentina, la Ciudad de Buenos Aires impone sanciones administrativas por ofrecer servicios sexuales en espacios públicos no autorizados. La aplicación de estas restricciones puede exponer a las trabajadoras sexuales a un mayor riesgo de discriminación, incluso por parte de las fuerzas de seguridad. Las sobrevivientes del ataque describieron episodios reiterados de acoso en esa zona de la ciudad y denunciaron que la policía tardó entre 20 y 30 minutos en responder a pesar de las llamadas de emergencia.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 de la Ciudad de Buenos Aires, que abrió de oficio una investigación sobre el hecho, debe investigar el ataque de manera rápida y exhaustiva, y examinar las denuncias sobre la deficiente respuesta policial. Los investigadores deben evaluar si el ataque fue motivado por prejuicios contra la identidad de género de las sobrevivientes y garantizar que estas puedan participar del proceso de manera segura.

Este ataque ocurre en medio de un clima político preocupante para los derechos de las personas LGBT en Argentina. El gobierno del presidente Javier Milei ha atacado repetidamente las iniciativas de diversidad de género, ha desmantelado instituciones y políticas que promueven la igualdad y ha intentado restringir el acceso a la atención médica de afirmación de género para los adolescentes trans. Los funcionarios del gobierno también han utilizado discursos estigmatizantes sobre las personas LGBT.

El discurso público y las acciones del gobierno tienen consecuencias. Cuando los líderes políticos presentan a las minorías como amenazas, menosprecian sus identidades o debilitan las protecciones contra la discriminación, corren el riesgo de reforzar los prejuicios y crear un entorno en el que la hostilidad se vuelve socialmente aceptable.

Argentina ha sido históricamente un referente regional en la protección de los derechos de las personas LGBT, con la aprobación de leyes pioneras que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho a la identidad de género. Sin embargo, pese a estos importantes avances, las personas trans siguen enfrentando una discriminación y una violencia profundamente arraigadas.

Tras el ataque, las trabajadoras sexuales trans y las activistas exigen no solo justicia y rendición de cuentas, sino también protección efectiva, medidas concretas para combatir la discriminación que limita sus oportunidades laborales y el fin del acoso. Las autoridades argentinas deben responder a estas demandas con políticas públicas que protejan la dignidad y los derechos de las personas trans y las trabajadoras sexuales.