Aprueba Comisión acuerdo para invitar a reunión de trabajo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos

Aprueba Comisión acuerdo para invitar a reunión de trabajo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos

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Número - 1308

• También se convoca al fiscal general del estado para que proporcionen información sobre hechos en la entidad.

La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el senador Óscar Cantón Zetina, aprobó un dictamen con punto de acuerdo para invitar a la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al fiscal general de la misma entidad, César Gustavo Jáuregui, a una reunión de trabajo con comisiones senatoriales, para que proporcione información sobre los hechos en los que perdieron la vida dos personas de nacionalidad estadounidense en ese estado del país.

El documento, que obtuvo 15 votos a favor y uno en contra, señala en sus resolutivos que el Senado de la República invita respetuosamente a la persona titular del Poder ejecutivo del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y a la persona titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, a una reunión de trabajo con las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.

Dicha reunión, señala el documento, a celebrarse el martes 28 de abril de 2026, a las 11:00 horas, en la sede del Senado de la República, tiene el objetivo de que puedan proporcionar información relacionada con los hechos en los que perdieron la vida dos personas de nacionalidad estadounidense en dicha entidad federativa, así como los elementos que permitan conocer las circunstancias en que ocurrieron dichos acontecimientos y el estado que guardan las investigaciones correspondientes.

El segundo resolutivo del dictamen señala que el Senado de la República solicita a la titular del Poder ejecutivo del estado de Chihuahua y al titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua remitan, de manera previa a la reunión de trabajo un informe pormenorizado y documental que contenga la cronología completa de los hechos, las autoridades participantes, las comunicaciones sostenidas con autoridades federales y cualquier actuación realizada en términos del artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional.

Previo a la aprobación del dictamen, por mayoría de votos, se aceptó una propuesta del senador Ignacio Mier Velazco, de Morena, para hacer un agregado en el título del documento, y dejarlo de la siguiente manera: "… se invita respetuosamente a la persona titular del Poder ejecutivo del estado de Chihuahua y a la persona titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a una reunión de trabajo en Comisiones senatoriales para que informen sobre los hechos ocurridos en esa entidad, la violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley de Seguridad Nacional, la omisión de informar oportunamente al Gobierno de México, la falta de coordinación institucional con la Federación y las consecuencias derivadas para la seguridad nacional del Estado mexicano".

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, comentó que ninguna autoridad extranjera puede ejercer lo que les corresponde a las autoridades de nuestro país. Además, leyó el artículo 40, segundo párrafo de la Constitución Política, que es claro al decir que el pueblo no permitirá injerencia de extranjeros.

Juan Carlos Loera de la Rosa, senador de Morena y promovente del punto de acuerdo, dijo que únicamente se busca citar a una reunión de trabajo a la gobernadora de Chihuahua, toda vez que es necesario aclarar lo que sucedió en el operativo de la fiscalía del estado.

Javier Corral Jurado, senador de Morena, consideró que la gobernadora de Chihuahua y su fiscal entraron a un tobogán de mentiras. Afirmó que nadie cuestiona el combate al narcotráfico, sino el invento y el intento de engañar a la opinión pública con mentiras, al ocultar que infiltraron a agentes norteamericanos en operativos de la fiscalía de esa entidad; es decir, la gobernadora pacta a espaldas del Gabinete Federal de Seguridad.

De Morena, el senador Saúl Monreal Ávila subrayó que lo sucedido es una violación flagrante al artículo 40 de la Constitución Política. "Son unos traidores a la patria y no lo podemos permitir, porque hay una injerencia directa de Estados Unidos en México. No permitiremos que agentes extranjeros entren a nuestro territorio y menos que intervengan en temas de seguridad", expuso.

De Morena, Gerardo Fernández Noroña indicó que el propio fiscal del estado reconoció que dos agentes estadounidenses participaron en el operativo de Chihuahua. Además, "la CIA tiene fama de la promoción de golpes de estado; lo que quieren es hacer de la traición virtudes", resaltó.

El senador Pavel Jarero Velázquez, de Morena, refirió que es inadmisible que cuando se trata de discutir sobre la soberanía del país, la oposición desvíe el tema, sobre todo cuando el propio fiscal de Chihuahua aceptó la intervención de agentes extranjeros, lo que es sin duda una violación al marco constitucional.

El senador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, señaló que "lo que busca el bloque oficialista es que venga la gobernadora de Chihuahua a darles clases de cómo combatir al crimen organizado; esperamos que también quieran que acudan gobernadores impresentables como Rubén Rocha, de Sinaloa, o Marina del Pilar, de Baja California, a quien las autoridades norteamericanas le quitaron su visa".

También del PAN, el senador Marko Cortés Mendoza cuestionó por qué molesta tanto a los Grupos Parlamentarios mayoritarios que se combata al crimen organizado. "Lo que planteamos es que también vengan a una reunión de trabajo los gobernadores que tienen vínculos con el crimen; además, que se envíe una nota diplomática a Estados Unidos para que aclaren con puntualidad qué sucedió y qué responsabilidades tenían los agentes", dijo.

Verónica Rodríguez Hernández, senadora del PAN, aseguró que la gobernadora Maru Campos "no solo vendrá a darles clases sobre cómo combatir al crimen organizado, sino de congruencia y calidad moral, porque ustedes quieren desviar la atención de lo que lo que no está haciendo este gobierno, que es enfrentar a la delincuencia".

Mario Humberto Vázquez Robles, del PAN, celebró que hoy Chihuahua tenga un gobierno decidido a atacar al crimen organizado. "Son hipócritas porque quieren esclarecer los hechos, pero la propia gobernadora dio el primer paso al pedir reunirse con la presidenta; si queremos saber qué pasó entonces convoquemos al diálogo a todos los actores", añadió.

Por el PAN, la senadora Lilly Téllez García mencionó que "el gobierno estadounidense ha dicho con sustento que en México gobiernan los carteles y los que brincan de inmediato son ustedes, siempre se ponen el saco de ser el brazo legislativo de los carteles. En el operativo de Chihuahua hubo fuerzas federales, estuvo el Ejército, y hubo trabajo en coordinación".

Del mismo Grupo Parlamentario, el senador Agustín Dorantes Lámbarri consideró que en Morena están del lado de los gobernadores involucrados con el narcotráfico. "Lo que le duele al pueblo de México es el crimen, los muertos y los desaparecidos, pero eso no les ha preocupado. Nosotros estamos orgullosos de la gobernadora Maru Campos", destacó.

Raymundo Bolaños Azocar, senador del PAN, apuntó que el fondo es el desmantelamiento de un narcolaboratorio y "nuestra posición es el esclarecimiento pleno de los hechos y el deslinde de responsabilidades, pero de todos los actores. Quieren que venga la gobernadora para hacer un linchamiento político".

Del PVEM, el senador Luis Alfonso Silva Romo mencionó que es una debilidad histórica que los ahora opositores quieran acudir al extranjero para que se arreglen los problemas del país, quisieran seguir rindiendo pleitesías a gobiernos extranjeros, pero estimó que en el operativo de Chihuahua se violó la Ley de Seguridad Nacional.

Juanita Guerra Mena, senadora del PVEM, dijo que la soberanía nacional tiene que respetarse y como lo ha dicho la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sí a la colaboración, pero sin subordinación. Celebró que se haya desmantelado el laboratorio de narcóticos, pero es necesario respetar el marco constitucional y legal.

Lizeth Sánchez García, senadora del PT, indicó que existe la necesidad de saber si se respetó o no el marco constitucional, porque es claro que la soberanía nacional reside en el pueblo y se ejerce mediante las instituciones que mandate la propia Constitución Política. "Hay que respetar el orden constitucional, sobre todo en un tema tan delicado como la seguridad nacional", agregó.

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, estimó que el punto de acuerdo no tiene su base en la Constitución, sino que obedece a una motivación política, porque el Senado no tiene la facultad constitucional de citar a una gobernadora. "Las autoridades locales no tienen que rendir cuentas al Senado, esto vulnera el federalismo", subrayó.