Venezuela: RSF condena la desaparición forzada de Rory Branker y exige la liberación de los seis profesionales de la prensa detenidos

Colaborador del medio digital La Patilla, Rory Branker, de 43 años, fue detenidoel 20 de febrero de 2025 en Caracas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) cuando salía de su vivienda. Permaneció 206 días incomunicado hasta que finalmente, en septiembre, su familia pudo verlo en una celda de retenciónde la Policía Nacional Bolivariana. Tras esa visita, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelaresal periodista -es decir, envió una solicitud urgente al Estado venezolano para proteger los derechos de Rory a la "vida y la integridad personal"- luego de determinar el grave riesgo para su vida e integridad física y la falta de información oficial sobre su estado.

A pesar de la solicitud de la CIDH al Estado venezolano, las autoridades del país lo trasladaron nuevamente a un lugar desconocido el 8 de diciembre, según información recopilada por RSF. Además, un videodel fotoperiodista Jesús Medina, publicado el 9 de diciembre en la cuenta de Instagram del medio digital VPI TV, muestra a Rory Branker entre un grupo de detenidos siendo subidos a un vehículo oficial. Ha pasado más de una semana y el Estado aún no ha precisado a dónde fue llevado el periodista ni en qué condiciones se encuentra detenido. La alarmante falta de información ha sumido a su familia en un estado de estrés extremo, en particular a su madre, de edad avanzada, quien padece graves problemas de salud.

El traslado arbitrario de Rory Branker ocurrió poco después de la muertebajo custodia del dirigente opositor y exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, quien falleció el 6 de diciembre en el centro de detención El Helicoide, en Caracas, en medio de denuncias por la negación de atención médica adecuada. Organizaciones de derechos humanos han documentado que, tras esta muerte, las autoridades ordenaron la evacuación parcial de El Helicoide y de otros centros de detención. Grupos de presos políticos fueron dispersados a distintas cárceles del país, sin supervisión judicial ni notificación a sus familias.

Persecución, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias: un patrón venezolano de represión contra la prensa

Actualmente, seis profesionales de la prensa venezolanos han sido privados de libertad por razones directamente vinculadas con su labor periodística. Los otros cinco son:

• Leandro Palmar, colaborador de LUZ Radio 102.9 FM y del medio digital Venezuela es Noticia, y su asistente técnico Belices Salvador Cubillán, detenidos el 9 de enero de 2025 en Maracaibo mientras cubrían protestas y trasladados el 1 de noviembre al Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón).

• Nakary Mena Ramos, reportera del portal independiente Impacto Venezuela, detenida el 8 de abril de 2025 tras publicar un reportaje de investigación sobre la inseguridad en Caracas. Actualmente se encuentra recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y es la única mujer periodista encarcelada en el país.

• Gianni González, camarógrafo de Impacto Venezuela y esposo de Nakary Mena Ramos, detenido en la cárcel de El Rodeo.

• Luis López, corresponsal de La Verdad de Vargas, detenido en el centro de reclusión El Helicoide desde junio de 2024, es decir, desde hace más de diecisiete meses.

Según nuestro análisis, el caso de Rory Branker se inscribe en un patrón claro: en Venezuela, las detenciones arbitrarias suelen ir seguidas de traslados a lugares no revelados y de prolongados períodos de incomunicación. El 3 de noviembre, RSF condenóla desaparición forzada del periodista y docente universitario Joan Camargo, dedicado a la cobertura de la fuente policial para medios independientes, quien fue secuestrado por hombres encapuchados el 30 de octubre en Cotiza, un barrio de la capital Caracas. Tras más de cinco días desaparecido, Joan Camargo fue liberado gracias a la presión sostenida sobre las autoridades por parte de su familia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y organizaciones internacionales.

El uso reiterado de esta estrategia -ahora agravada por el traslado opaco de Rory Branker- demuestra que las desapariciones forzadas de corto y mediano plazo se han convertido en una táctica establecida para facilitar la ofensiva contra la prensa libre en Venezuela. En muchos de estos casos, las autoridades han recurrido a cargos penales como "terrorismo", "conspiración", "incitación al odio" y "difusión de información falsa", basados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo y la llamada Ley contra el Odio, textos adoptados por una Asamblea Nacional Constituyente carente de competencias legislativas.

Estos instrumentos legales se utilizan de manera sistemática para perseguir la cobertura informativa, las opiniones críticas y el periodismo sobre criminalidad o protestas en un país donde la libertad de prensa continúa siendo socavada de forma sistemática.