Trabajo presenta un informe para avanzar en políticas públicas de Responsabilidad Social Empresarial que blinden derechos sociolaborales y medioambientales

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presenta el informe de la Comisión Internacional de personas expertas en Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), en la sede del Ministerio.

La vicepresidenta segunda ha inaugurado el acto "Una nueva Agenda para la Responsabilidad Social Empresarial", en el que se ha presentado el informe "Cien medidas para un nuevo impulso de la Responsabilidad Social Empresarial", elaborado por la Comisión de personas expertas en RSE, constituida en 2025 por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El resultado de su trabajo es la presentación del citado estudio que busca operar como denuncia y exigencia para las empresas, con el ánimo de blindar los derechos sociolaborales y medioambientales dentro de las mismas. La Comisión, en su informe, ha buscado contextualizar la situación de España en relación con las prácticas existentes, revisar estrategias y planes de acción, así como formular propuestas de mejora que incluyan indicadores de evaluación y recomendaciones para su aplicación efectiva.

Yolanda Díaz ha valorado como "riguroso, valiente y oportuno" el informe, presentado por Jesús Cruz, presidente de la Comisión de personas expertas, un texto que supone un paso decisivo para avanzar en las políticas públicas de nuestro país en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Sociedad civil e infracciones en RSE

El acto ha reunido en un primer panel la visión de las entidades y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el impulso de la RSE, mediante las intervenciones de María del Pozo, responsable de política exterior de Amnistía Internacional España; Almudena Moreno, de la Plataforma por Empresas Responsables y Coordinadora de Desarrollo Local Sostenible de Action Aid; Francesc Cortada, director general de Intermón Oxfam, y Miguel Ángel Soto, responsable de campañas de Greenpeace España. Juntos han abordado la situación de España en materia de RSE, las principales propuestas y retos que tener en cuenta; así como la visibilización de múltiples y muy graves infracciones cometidas por parte de grandes empresas españolas en materia de RSE.

La voz de sindicatos y empresas

En un segundo panel, han participado los interlocutores sociales en un debate sobre cuál es la responsabilidad de las empresas y en qué se centran sus propuestas para mejorar la calidad y compromiso en RSE. Han intervenido Raquel Boto, adjunta de la Secretaría Confederal de Acción Sindical y Empleo de CCOO; Andrés Herrero, de la Unidad de Previsión Social de UGT; Carmen Aparicio, jefa del Área de RSE de CEOE, y Francisco Vidal, director de Economía y Políticas Sectoriales de CEPYME.

Convertir voluntades en obligaciones

En su intervención, la ministra de Trabajo ha recordado que la RSE es una estrategia del Ministerio y ha recordado que hace un mes se reactivó el Consejo Estatal de RSE (CERSE) tras casi una década. "Lo que este informe defiende -que las empresas tienen responsabilidades reales, exigibles y verificables sobre su impacto en los derechos humanos, en el trabajo decente y en el medio ambiente- es exactamente lo que la Comisión Europea ha decidido poner en cuestión recientemente: lo han llamado simplificación cuando es, claramente, impunidad y lo justifican en favor de la competitividad".

Díaz ha recordado que se trata de una cuestión, una vez más, de voluntad política: "Este informe desmonta ese argumento con la evidencia de que la competitividad de Europa debe construirse sobre la innovación y la justicia social, no sobre la carrera a la baja. España puede y debe dotarse de una autoridad independiente que supervise el cumplimiento de estas obligaciones. No podemos seguir dependiendo de la buena voluntad para saber si se está cumpliendo. Y ese control necesita consecuencias. Este informe propone restaurar un régimen sancionador proporcional al daño causado y a la capacidad económica de la empresa. Porque sin sanciones creíbles, la responsabilidad empresarial sigue siendo voluntaria".

La RSE, una estrategia ministerial

El Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene como una de sus misiones el impulso de la política del Gobierno en materia de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), en coherencia con el marco europeo de sostenibilidad, diligencia debida y buen gobierno corporativo, promoviendo una visión de corresponsabilidad orientada a un impacto social y ambiental positivo.

Esta política ha crecido en importancia en las últimas décadas, tanto a nivel nacional como internacional, debido al desarrollo por parte de las empresas de una capacidad de respuesta que trasciende el mercado y su función económica.

Ello hace que la RSE se sustente en diversos pilares, entre los que destaca la inclusión social, con el objetivo de poner fin a las desigualdades salariales y a la brecha de género que persisten en el sistema; la vigilancia en materia de derechos humanos y diligencia debida; la implementación de un modelo participativo de cogestión, en el que las personas trabajadoras cuenten con representación y puedan participar en la toma de decisiones; la lucha contra el cambio climático y su contribución a la consecución de un desarrollo sostenible en los entornos en los que operan.

Pese a ello, no es menos cierto que en los últimos años se han conocido graves incumplimientos en materia de RSE por parte de grandes empresas españolas e internacionales, incluyendo prácticas de 'greenwashing', al tiempo que se han generado disfuncionalidades e impactos notorios en el ámbito laboral y social, que exigen un cambio de paradigma hacia un modelo más respetuoso con los derechos humanos, el entorno local y la sostenibilidad social y medioambiental.

La RSE se perfila, así, como una oportunidad única para avanzar hacia políticas más ambiciosas y exigentes que transformen el modelo económico y social en un sistema más justo y responsable. España aspira a situarse en la vanguardia de la RSE. En la actualidad, el Ministerio de Trabajo y Economía Social impulsa varias iniciativas para su promoción, entre las que destaca la reactivación del CERSE como marco de gobernanza de referencia en esta materia o la futura nueva Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas.

Ha clausurado el acto Amparo Merino, secretaria de Estado de Economía Social, quien ha concluido que hay empresas que quieren hacerlo bien: "Empresas que no ven la responsabilidad social como una carga, sino como parte de su modelo. Esas empresas necesitan que las reglas sean exigentes para todos. Porque si no, acaban compitiendo en desventaja frente a quienes externalizan sus costes en forma de derechos vulnerados. Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, vamos a ser ambiciosas, porque de nada sirve tener derechos reconocidos en el papel si quien los tiene vulnerados no tiene manera de reclamarlos. La responsabilidad social empresarial ha sido durante demasiado tiempo un terreno de voluntades y buenas intenciones. Nosotras venimos a convertirlo en un terreno de obligaciones y consecuencias: esa es nuestra agenda".