Uruguay fortalecerá su seguridad pública con apoyo del BID por US$200 millones

WASHINGTON - El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP, según sus siglas en inglés) por hasta US$200 millones para apoyar el fortalecimiento de la seguridad pública y la justicia en Uruguay.

Como parte de esta línea, el Directorio aprobó un primer préstamo individual por US$25 millones para el programa "Más Seguridad I: Avance en Ejes Clave de Gestión en Seguridad Pública", destinado a mejorar la eficacia del sistema penitenciario, fortalecer la investigación criminal y modernizar la formación policial.

Uruguay enfrenta desafíos crecientes en materia de criminalidad organizada; con múltiples problemas en las cárceles, el desafío de mejorar las investigaciones criminales, y de preparar a la policía para los retos del futuro.

Para superarlos, el programa busca mejorar la gestión penitenciaria, mediante la construcción y equipamiento de un nuevo Centro de Evaluación y Derivación (CED) en el interior; y la implementación de nuevas herramientas tecnológicas y protocolos, para fortalecer la seguridad penitenciaria. Asimismo, impulsará la modernización de la Policía Nacional, incorporando equipamiento científico y tecnológico para fortalecer las investigaciones criminales, incluidos los delitos informáticos. También se desarrollará un nuevo modelo de formación policial basado en competencias, con programas especializados en investigación, liderazgo y análisis criminal; todo estructurado en una carrera universitaria por créditos.

El proyecto busca mejorar condiciones de seguridad de los privados de libertad y de trabajo de los funcionarios penitenciarios; fortalecer la capacidad policial de identificar responsables de homicidios y otros delitos; y fortalecer institucionalmente a la policía para ser servidores públicos más efectivos. La operación se enmarca en la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, impulsada por el BID a nivel regional, que promueve soluciones basadas en evidencia para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia en América Latina y el Caribe.

El Ministerio del Interior será el organismo ejecutor del programa. El financiamiento se otorga bajo la Préstamo de Inversión Específica, con un plazo de amortización de 24,5 años, seis años de gracia y un período de desembolso de cinco años.