Comisión de Relaciones Internacionales analiza reforma para regular procesos de deportación masiva

Martes, 19 de mayo del 2026 - 14:27 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Relaciones Internacionales recibió las observaciones del asambleísta Johnny Lavayen al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana para la Regulación y Ejecución de Procesos de Deportación Masiva.

El legislador explicó que la propuesta busca adecuar el marco normativo ecuatoriano a las nuevas dinámicas de movilidad humana, mediante la regulación de los procesos de deportación masiva y la creación de un régimen jurídico específico para el retorno forzado colectivo.

Indicó que entre 2023 y 2025 se registraron más de 41.664 ecuatorianos deportados y que solo en 2025 se ejecutaron 104 vuelos de deportación, algunos con más de 200 personas trasladadas en un solo día. Añadió que, entre el 1 y el 26 de enero del presente año, ya se contabilizaron 742 ecuatorianos retornados en procesos de deportación, evidenciando que este fenómeno es recurrente y requiere una respuesta normativa permanente.

Lavayen señaló que la actual Ley Orgánica de Movilidad Humana reconoce derechos para las personas retornadas, pero está diseñada principalmente para retornos individuales o voluntarios, por lo que existe un vacío normativo frente a los retornos forzados colectivos y la deportación masiva.

En ese contexto, detalló que la iniciativa incorpora reformas puntuales para fortalecer la protección de los migrantes deportados. Entre ellas, destacó la inclusión de las personas retornadas en procesos de deportación masiva como sujetos de vulnerabilidad; la ampliación de las funciones consulares para garantizar la dignidad, integridad personal y debido proceso; y la creación de un régimen especial de atención integral y un sistema de monitoreo, registro, denuncia y seguimiento institucional.

Asimismo, explicó que se contemplan medidas específicas como mecanismos acelerados de regularización documental, atención en salud mental, apoyo psicosocial, programas de reintegración social, educativa y productiva, además de asesoría legal gratuita para las personas retornadas.

Enfatizó que la reforma no implica la creación de nuevas entidades ni el incremento del gasto público, ya que su implementación se sustenta en la optimización de recursos humanos, técnicos y administrativos existentes, así como en la articulación institucional y la adecuación de protocolos.

Para concluir, sostuvo que permitirá al Estado ecuatoriano responder de manera técnica, coordinada y con enfoque de derechos humanos frente a los procesos de retornos forzados colectivos, fortaleciendo la política pública en materia de movilidad humana.

MEV