La Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala saluda el nombramiento del nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público

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La Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala saluda el nombramiento del nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala toma nota de la designación como Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030 de Gabriel Estuardo García Luna, cuya toma de posesión está prevista para el 17 de mayo de 2026. Esta toma de posesión debe tener lugar puntualmente en esa fecha prevista en el ordenamiento jurídico del país, sin que sea afectada indebidamente por ningún motivo.

La Misión reconoce que la renovación de la máxima autoridad del Ministerio Público constituye un hito institucional de especial relevancia para la democracia guatemalteca, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la lucha contra la delincuencia -incluida la corrupción- y la garantía del acceso a la justicia.

Al mismo tiempo, la Misión enfatiza que la legitimidad democrática de esta designación no se agota en el acto de nombramiento, sino que deberá consolidarse mediante una gestión institucional independiente, transparente, profesional, objetiva y respetuosa de la democracia y los derechos humanos. En ese sentido, exhorta al Fiscal General designado a asumir sus funciones con un compromiso inequívoco con la independencia del Ministerio Público; la investigación y persecución penal objetiva e imparcial; el combate efectivo contra la delincuencia y la lucha contra la impunidad; la rendición de cuentas, la profesionalización del Ministerio Público; la transparencia interna y la recuperación de la confianza ciudadana; y la cooperación institucional con los demás poderes del Estado, respetando la separación de poderes y dentro del marco de la Constitución.

En particular, la Misión llama a que cesen las prácticas de instrumentalización penal y criminalización indebida que han afectado a operadores de justicia, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, autoridades electas, líderes indígenas y actores cívicos, situación que ha sido documentada y advertida por órganos del sistema interamericano. En ese sentido, se espera que las víctimas de criminalización indebida sean reparadas y el Estado adopte las medidas necesarias para que dichas violaciones no vuelvan a ocurrir.

Asimismo, la Misión llama a todas las autoridades del Estado, fuerzas políticas, sectores sociales y de la economía a contribuir a una transición ordenada, pacífica y respetuosa de la autonomía del Ministerio Público. La estabilidad democrática requiere que los cambios institucionales se desarrollen bajo el marco de la Constitución, sin presiones indebidas, intimidaciones, represalias, maniobras dilatorias, ni interferencias que puedan comprometer el ejercicio independiente de la función fiscal.

La Misión reitera que una democracia necesita instituciones de justicia confiables, capaces de actuar con independencia y objetividad frente a cualquier persona, autoridad o estructura que infrinja la ley. La recuperación de la confianza pública en el Ministerio Público será indispensable para fortalecer el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, proteger los derechos fundamentales y responder a las legítimas demandas de justicia de la ciudadanía guatemalteca.

La Misión Especial continuará dando seguimiento al proceso, conforme a su mandato de acompañamiento técnico a las elecciones de segundo grado y de fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Guatemala.

Reference: E-058/26